El PSOE y la Ley 7/2023 de Protección Animal

El PSOE impulsó a nivel nacional la Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales, que, a mi juicio, supone el mayor avance legislativo en materia de bienestar animal de la historia de España.

Sin embargo, considero que el PSOE no fue lo suficientemente valiente durante su tramitación y dejó fuera de la protección de esta ley a numerosos animales, especialmente los perros utilizados para la caza que también tenían que haber sido protegidos, los animales empleados en determinadas fiestas tradicionales, las corridas de toros o los sacrificios por motivos religiosos. Podemos defendió una norma mucho más animalista, mientras que el PSOE optó por una posición más conservadora, probablemente condicionada por el posible coste electoral de determinadas medidas.

Quiero dejar claro que, aunque valoro positivamente la existencia de la Ley 7/2023 y reconozco que difícilmente habría sido aprobada con gobiernos del Partido Popular o de Vox, no estoy plenamente de acuerdo con su contenido, ya que podría haber sido mucho más ambiciosa y haber protegido a muchos más animales que sienten y padecen.

Dicho esto, quiero dirigirme a los representantes y cargos públicos del PSOE que gobiernan o ejercen la oposición en los ayuntamientos de España, incluida Ceuta. Son muchos los casos en los que, por acción u omisión, se está permitiendo el incumplimiento de una ley tan importante para la protección animal.

En Ceuta, por ejemplo, el PSOE, desde la oposición, conoce perfectamente situaciones que podrían suponer incumplimientos de la Ley 7/2023. Ante ello, debería ejercer una labor de vigilancia y, cuando proceda, acudir a los tribunales para exigir el cumplimiento de la normativa por parte del Ayuntamiento.

Los problemas son conocidos: animales que malviven en las calles, falta de control adecuado de las colonias felinas, instalaciones zoosanitarias insuficientes, ausencia de un refugio adecuado para perros y gatos, hacinamiento de animales en la protectora debido al retraso de las obras o posibles traslados de colonias felinas sin respetar los protocolos establecidos por la ley.

Si el PSOE impulsó esta norma a nivel nacional, también debería asumir la responsabilidad de velar por su cumplimiento en todos los municipios. Cuando existan indicios de incumplimiento, no basta con debatir o advertir a los responsables políticos. Es necesario utilizar todos los mecanismos legales disponibles, incluida la vía judicial, para garantizar que los derechos reconocidos por la ley sean efectivos.

De hecho, ya existen sentencias en distintos puntos de España que han condenado a ayuntamientos por incumplir sus obligaciones en materia de protección animal, incluyendo casos relacionados con la atención y alimentación de colonias felinas.

Por todo ello, pido al PSOE que actúe con coherencia y responsabilidad, y que denuncie ante los tribunales cualquier actuación u omisión de los gobiernos municipales que no se ajuste a las obligaciones establecidas por la Ley 7/2023. Las leyes se aprueban para ser cumplidas y, en este caso, para proteger a los animales.