La crisis de los menores intoxicados ha destapado, no sólo la gestión del Gobierno en un área que se antoja deficiente, sino que también ha demostrado la enorme incomodidad que sufre este Gobierno cuando se le exige responsabilidades. Ante las críticas se sienten incómodos, e incluso agredidos cuando se les reprueba por un asunto determinado, y es que, han estado acostumbrados a tener la posesión eterna de la verdad amparada en su mayoría.
Pudor produce oír a responsables del Gobierno pedir a los grupos de la oposición interés por recoger vómitos de los menores afectados. No existe mejor prueba de la desvergüenza de este Gobierno del PP. Como si la Consejera de Menores y su séquito se hubieran dedicado durante todo este tiempo a limpiar las instalaciones de los centros de menores con fregona en mano. No falseemos la realidad, por favor. Es evidente que no ha sido el propio Gobierno quien ha intoxicado a los menores, pero no menos evidente es que la acción o inacción de éste, es la que ha posibilitado la existencia de esta crisis de sanidad pública. Recordemos por cierto, que es la más importante acontecida en los últimos años con más de 120 menores (e inclusive más de un trabajador) afectados.
Si bien es cierto que es la comida en mal estado la que genera la intoxicación, no menos cierto es que el anterior servicio de catering no había dado ningún tipo de problema y que se prescinde de sus servicios por el mero capricho de este Gobierno. No existe ninguna razón o argumento que acreditase la necesidad del cambio. Así mismo, cuando uno indaga en el procedimiento de adjudicación del servicio de comida, se da cuenta de que las enormes irregularidades que rodean al proceso de adjudicación indican a las claras un enorme interés por parte de este Gobierno por resolver la adjudicación con unas sospechosas e inusitadas prisas. Además, nos encontramos con unas instalaciones deficientes, recursos materiales insuficientes, con contratos sin firmar, con informes técnicos alertando sobre las condiciones sanitarias de la comida a los que ni se les prestan atención, y múltiples denuncias por el estado de la comida por parte de algunos menores. Y todo esto, sí es responsabilidad directa del Gobierno.
Como decía anteriormente, los gobiernos del PP no se caracterizan precisamente por dar explicaciones o por realizar ejercicios de responsabilidad, se enrocan en su verdad doctrinal y arremeten contra cualquiera que censure su comportamiento. Con esta actitud evasiva, lo que hacen es negar libertad a toda la ciudadanía en la medida en que el derecho al control político constituye una pieza insustituible de garantía esa libertad.
Por ello, no se debe permitir otro carpetazo como en el caso facturas de Gobernación u otros tantos escándalos, y ahora que la nueva composición de la asamblea lo permite, es necesario que proliferen las comparecencias de los miembros del Gobierno y las sesiones de control como un instrumento de fiscalización de la acción política, y el caso de los menores debe ser un motivo para que se inicien ya. Es una cuestión de libertad e higiene democrática.
