En tiempos de indudable deterioro político, la presencia de Don Felipe VI y Doña Letizia en Ceuta y Melilla, alienta el nexo de la Monarquía con los ciudadanos e impulsa una hechura de unidad, seguridad y prolongación nacional. Y es que su recalada en ambos enclaves, trasciende a la rúbrica institucional de cualquier acto protocolario.
Expuesto de otro modo: en un territorio al otro lado del Viejo Continente que evidencia una parte fundamental de la soberanía española, el protagonismo de los monarcas alcanza un valor exclusivo: ratifica el compromiso de la Corona con sus residentes y traslada un mensaje de cercanía, apoyo y pertenencia al conjunto de la nación. A ello hay que agregar que en un entorno de enorme polarización y escepticismo político, estas señas de identidad cobran una envergadura superior.
Cuando una parte de la sociedad descubre agotamiento o pasividad de liderazgo en el Gobierno, la imagen del Rey puede transformarse en un paradigma de estabilidad institucional. Inexcusablemente, por su labor constitucional como jefe de Estado y posicionamiento al margen de la campaña electoral.
Ni que decir tiene que la admiración hacia los Reyes hallan en estas visitas una manifestación perceptible. No se trata tan solo de personificar al Estado, sino de arrimarse a los ciudadanos y tener en cuenta que superficies como Ceuta y Melilla, ocupan una parte irrevocable en la realidad de España. Para quienes aprecian de forma favorable la Monarquía, esta presencia vigoriza la convicción en una institución que encarna continuidad y unidad más allá de las vicisitudes del Gobierno.
Sin embargo, esta visita no ha de entenderse instintivamente como una respuesta política al Ejecutivo, ni como una demostración de respaldo acorde a la Corona. España conserva una comunidad plural con diversas sensibilidades sobre la Monarquía y la actuación de sus instituciones. Con lo cual, la entereza de la Corona pende de su capacidad para hacer valer la ejemplaridad, neutralidad e imagen de los españoles.
Como quiera que sea, en estos últimos meses Ceuta se encuentra en los ojos de todos y constantemente avistando la defensa de la unidad territorial. Y en instantes de incertidumbre política como los actuales, la proximidad de los Reyes robustece su representación como símbolo de estabilidad. Pero su mayor tenacidad no reside en apostarse por encima de toda crítica, sino en proseguir cosechando el respeto y afecto de una sociedad incomparable como la española.
Dicho esto, la llegada de los Reyes de España a Ceuta y Melilla trasciende la razón de ser de un evento oficial para apropiarse de un calibre constitucional y geopolítico. Su presentación en la Ciudad Autónoma concreta, ante todo, una composición de normalidad institucional que obtiene una especial preeminencia por las coyunturas que envuelven las relaciones entre España y Marruecos.
Obviamente, no debería ser algo insólito que el Rey de España visite una parte de la geografía nacional, sino que lo realmente revelador es que una determinación de este calado pueda originar cuestionamientos diplomáticos.
Como es sabido, Ceuta es territorio español por razones históricas y por plena integración en el ordenamiento constitucional. Su índole de Ciudad Autónoma, contemplada en la Disposición Transitoria Quinta de la Constitución y definida mediante su Estatuto de Autonomía de 1995, no deja lugar ni tan siquiera para debatir su titularidad al Estado español. Este encuentro (13/X/2026) con el pueblo ceutí no constituye ni mucho menos una reivindicación territorial extraordinaria, sino la afirmación de una autenticidad jurídica e institucional afianzada.
“El rol de un monarca parlamentario de valioso beneficio institucional y realmente irreemplazable, posee una capacidad portentosa para convertir lo encarnado en protagonista”
A este tenor, la presencia de Sus Majestades los Reyes muestra con fundamento en el Artículo 56.1 de la Constitución, que la unidad del Estado abarca el conjunto de su territorio y que sus instituciones han de concebirse sobre la totalidad de los ciudadanos con independencia de su situación geomorfológica.
Ahora bien, sería incauto omitir el alcance geopolítico de esta visita como aconteció en el año 2007, aunque por aquel entonces la valoración diplomática circunstancial, no puede convertirse en una trama para condicionar la acción ordinaria de los desempeños institucionales de España.
Existen elevados precios que resultan indispensables cuando lo que se encuentra en tela de juicio es la coherencia del punto de vista de un Estado con relación a su territorio. Toda vez, que este escenario por momentos movedizo, exige deliberar sobre la política exterior española en relación con Marruecos.
La acción mutua es inexcusable en campos como la inmigración, la seguridad, el comercio o la lucha contra la delincuencia organizada, pero contribuir no entraña someterse a una conexión asimétrica ni supeditar medidas soberanas a la voluntad de un tercer Estado. Principalmente, cuando España debería ser quien imprimiese los compases de este trato, en tanto es miembro de la Unión Europea (UE), de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y forma parte de una extensión política y económica considerablemente integrada y avanzada.
Sin soslayar, que Ceuta no es solamente una ciudad española ubicada en el Norte de África, sino igualmente espacio de la Unión y parte de su fachada exterior. Todo ello acredita un radio de acción que debe hacerse valer con decisión.
De este modo, la fuerza de gravedad de un Estado no se determina por su capacidad para sortear cualquier conflicto, sino fundamentalmente por su audacia para desempeñar sus compromisos sin convertir sus principios esenciales en objeto de negociación.
Y entre esos empeños se halla el de avalar que la unidad y permanencia del Estado, que constitucionalmente representa la Corona, posean una expresión adecuada en cada una de las regiones que la integran.
Recuérdese al respecto, aquella mañana del 5/X/1927, cuando Alfonso XIII (1886-1941), bisabuelo de Felipe VI, a bordo del acorazado Jaime I, con la reina Victoria Eugenia (1887-1969) y el general Miguel Primo de Rivera y Orbaneja (1870-1930), entonces jefe del Gobierno, arribaban al muelle de la Puntilla, donde lo aguardaban el Alto Comisario, José Sanjurjo Sacanell (1872-1936) y el Comandante General de Ceuta, Agustín Gómez Morato (1879-1952).
Ya en territorio del Protectorado, pasó revista a las Fuerzas Militares de Marruecos e inspeccionó el histórico Cuartel de la Legión en Dar Riffien, donde la Reina hizo entrega de una bandera al Tercio. Subsiguientemente, presenció una parada, concurrió a una ceremonia de Nuestra Señora de África y finalizó con la inauguración del Palacio Municipal, hoy conocido como el Palacio Municipal de la Asamblea de Ceuta.
Contextualizando el espacio temporal de aquella visita, el momento podría describirse de delicado. Tan solo habían transcurrido seis años de la peor derrota del Ejército español en Marruecos con el Desastre de Annual (22-VII/9-VIII/1921) que deterioró la monarquía. Además, en Alfonso XIII incurrieron acusaciones de apoyar el avance que terminó en desdicha. Más tarde, se produjo el golpe de Estado de Primo de Rivera (13-15/IX/1923), al que el Rey facilitó su respaldo y en 1925 se produjo el Desembarco de Alhucemas (8/IX/1925), abriendo la vía del fin de la Guerra del Rif. Y cuatro años después (14/IV/1931), concluyó su reinado.
Digo esto, porque poniendo de relieve los tiempos pasados y el momento reinante, ahora se deduce la inquietud que Felipe VI exhibió tras las primeras horas de lo sobrevenido en Ceuta, presto en acudir cuanto antes a la ciudad y la fotografía que publicó la Casa Real, uniformado con la cúpula castrense y la ministra de Defensa.
Sus palabras claras y concisas en defensa de la nación y de irrefutable indicativo militar, cobran vida, cuerpo y alma tras conocerse que la irrupción masiva de inmigrantes entre los días 30 y 31 de julio, estuvo flanqueada por un allanamiento de buques de guerra marroquíes en aguas españolas que el Gobierno enmascaró y de la que a posteriori se le comunicó al Rey. Allende de simplificarse a una crisis migratoria en toda regla, ofrece todos los ingredientes de una agresión.
Explicado de otro modo: Marruecos testeó mediante la intimidación la seguridad de nuestros límites fronterizos. En tanto, el menester del Gobierno pasaba por informar con transparencia, al igual que requerir aclaraciones y garantizar que una coerción similar no se repita. Claro, que el recado sin ambages que el Rey hizo caer sin complejos en Ceuta es diáfano: la salvaguardia de la soberanía es un deber ineludible de las instituciones. “Ceuta es España y Ceuta es Europa”, aseveró aludiendo que cualquier amenaza a su frontera repercute al conjunto de la Unión.
Pero todavía fue más comedido e inteligente en sus palabras, requiriendo una proximidad de buena vecindad con Marruecos encaminada a la confianza, el respeto mutuo y la buena fe.
Esta materia adquiere punto de mira constitucional porque el jefe del Estado “no puede ser coaccionado con respecto a sus actos dada su inviolabilidad”, tal como se desprende del Artículo 56.3 de la Constitución. “El Rey es la máxima autoridad del Estado, símbolo de su unidad y permanencia”, como expresa el Artículo 56.1 de la Carta Magna. Y en esa interpretación, “reina, pero no gobierna”, según la famosa frase generalizada por el historiador y político francés Louis Adolphe Thiers (1797-1877), poco antes de la caída de Carlos X (1757-1836) y el ascenso al trono de Luis Felipe I (1773-1850).
Llegados a este punto de la disertación, el monarca español atesora una serie de competencias y ocupaciones visiblemente específicas en los Artículos 56.1, 61.1 y de manera minuciosa en los Artículos 62, 63 y 65,2, respectivamente.
No obstante, cuando se examinan sus poderes facultativos que no son otros que arbitrar y moderar, no ha de confundirse estas aptitudes con los llamados “actos debidos”. Estos últimos formalizan la amplia mayoría de ejercicios reales, realizados por preceptivo constitucional y por ello no procuran margen alguno a la ejecución del poder discrecional de la Corona en la resolución y cumplimiento del acto.
Si la disciplina de los “actos debidos” englobara todos los actos de Felipe VI, la Jefatura del Estado quedaría comprimida a tareas básicas constitucionales limitadas, que para nada equivaldrían con las considerables capacidades de arbitrar y moderar la marcha cadenciosa de las instituciones que explícitamente se amasan en el Artículo 56.1 de la Constitución de 1978.
Tradicionalmente se han constituido para los ciudadanos dos intervenciones concretas que por su alcance sobran las palabras. Primero, el 24/II/1981, reinando Juan Carlos I de Borbón (1938-88 años), en el mensaje a la nación con motivo del intento de golpe de Estado y, segundo, el 3/X/2017, cuando Felipe VI pronunció un discurso institucional como resultante de la crisis institucional en Cataluña tras el referéndum ilegal del 1/X/2017.
La doctrina constitucional ha indagado esta cuestión. Sucintamente, el sistema predominante deduce que la institución del refrendo de las actuaciones del Rey, que en líneas generales transfiere la responsabilidad de los actos al Gobierno, para nada priva la ocasión de proceder que posee el monarca. Esto es, puede desenvolverse sin requerir autorización a otros poderes y sin que ello le origine responsabilidad, aunque esta opción es en rigor excepcional y aglutina una valoración para la conservación de la Corona como poder neutral. Así, el marco constitucional no capacita al Gobierno para supeditar los actos reales a un beneplácito o consentimiento “ex ante”, del latín “antes del suceso”, porque ineludiblemente el refrendo siempre se promueve “ex post”, “después del hecho”. Primero, el acto regio y segundo, el refrendo, sea expreso o tácito.
Y sin refrendo, las acciones de Estado materializadas por el Rey quedan sin validez, a tenor del Artículo 56.3 de la Constitución. Pero el refrendo de las actuaciones de Felipe VI reunido en los Artículos 56.3 y 64.1, tampoco es una competencia independiente a merced del Gobierno, porque si fuera de este modo el Rey no podría cristalizar ningún tipo de ejercicio sin autorización, ni tan siquiera los personales.
Con arreglo a la sentencia del Tribunal Constitucional 5/1987, de 27 de enero, este refrendo es el exclusivo de los “actos debidos”, que por su propiedad constitucional coartan los quehaceres del monarca, pero cuyo enfoque como jefe del Estado lo dista y separa netamente del Gobierno y de cualquier organismo constitucional. De ahí, que practicando el raciocinio de la separación de poderes, más allá de los “actos debidos”, ciertamente el Rey puede y debe tender su habilidades regias privativas cuando con sensatez estime pertinente intervenir.
Conjuntamente, por medio del Artículo 56.1 de la Constitución, el Rey “arbitra” y “modera” el funcionamiento regular de las instituciones y que, según el Artículo 61.1 de la norma fundamental, cuando es investido ante las Cortes promete ejercer fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas.
Las disciplinas de “arbitrio” y “moderación” que el aludido Artículo 56.1 distingue al Rey ostensiblemente, no incrustan adecuadamente la doctrina de los “actos debidos”. Una cosa es encajar que el monarca no puede excluir el curso de las praxis que constitucionalmente atañen a la Jefatura del Estado y otra muy distinta es abrazar una suerte de consentimiento previo.
Necesariamente, en una situación de debacle en cuanto a la seguridad nacional como la ocurrida en Ceuta, el monarca dispone de suficiente legitimidad constitucional como para operar abiertamente, si así lo valora, sus capacidades, moderando la articulación sistemática de las instituciones del Estado.
Al margen de la averiguación de autores en una crisis migratoria que ha superado lo habido y por haber, los análisis descartan deducciones que ayudan a deducir el cuándo, el dónde y el grado de lo acontecido: el nacionalismo irredentista de Marruecos sobre los enclaves de Ceuta y Melilla, sumado a las influencias latentes, la reformulación de las órbitas de influencia en el Mediterráneo sur y el iliberalismo global que pretende imposibilitar los valores democráticos.
La reclamación de las ciudades españolas está apuntada en el pasaje constitucional marroquí, que en su Artículo 42 implica al Rey como garante de “la integridad territorial del Reino en sus fronteras auténticas”. El irredentismo conforma el supuesto nacional que generalmente engarza a la monarquía, las fuerzas políticas y la ciudadanía.
Sin ir más lejos, en 2023, la embajada de Marruecos en Madrid difundió un mapa que encuadraba ambas ciudades en su esfera soberana, junto con el Sáhara Occidental. El estudio científico especifica que los flujos migratorios hacia estos enclaves se encuentran superpuestos en ese “proyecto de recuperación”. Curiosamente, ningún gobierno marroquí presenta el Tarajal o Beni Enzar, los principales puntos de entrada, como una divisoria entre Estados soberanos.
La maniobra estratégica sobre los enclaves es premeditada y multifacética, adoptando la presión migratoria con el cierre perimetral de aduanas y el impulso de complejos proyectos de infraestructuras como los puertos de Tánger Med y Nador West Med, para asfixiar económicamente y hacer innecesarios los intercambios con Ceuta y Melilla. Es más, el Parlamento Europeo reconoció en 2021 que la crisis migratoria de ese año se desató a sabiendas por Rabat, como réplica al acogimiento en España por causas humanitarias de Brahim Gali (1949-77 años), líder del Frente Polisario.
Y el antecedente de 2024, cuando las fuerzas marroquíes sofocaron sin demora un llamamiento digital semejante, prueba que el potencial de inspección fronterizo también existía en esta irrupción.
Posteriormente, Pedro Sánchez Pérez-Castejón (1972-54 años) viajaba a Argel, teatralizando el apaciguamiento diplomático con el país magrebí, a lo que hay que incorporar los avances en el trámite de la ley de concesión de nacionalidad española a los saharauis nacidos bajo la administración española, además de la conjetura marroquí sobre presuntas intrusiones argelinas en lo que se revela como “asalto teledirigido”. El inconveniente de probar la responsabilidad directa de alguna de estas variables intervinientes en lo ocurrido, es el rastro de la coerción en zona gris.
“Ahora se deduce la inquietud que Felipe VI exhibió tras las primeras horas de lo sobrevenido en Ceuta, presto en acudir cuanto antes a la ciudad y la fotografía que publicó la Casa Real, uniformado con la cúpula castrense y la ministra de Defensa”
Con este telón de fondo, la competición entre potencias ya no se denota sólo a través de acciones de combate directo y abierto entre fuerzas armadas regulares de Estados, basadas en tácticas, estrategias y armamento tradicional, sino por medio de sabotajes, ciberataques, campañas de influencia, instrumentalización migratoria, presión económica, etc. La zona gris marca el conjunto de operaciones de coerción acumulativa que intervienen sin llegar al conflicto armado. Su sello distintivo es el contratiempo de asignación, ya que el acometedor procede de modo que ninguna respuesta proporcional sea lógica.
De hecho, el Consejo de la UE reconoce la instrumentalización de flujos migratorios como herramienta de presión geopolítica o chantaje dentro de la guerra híbrida.
El caldo de cultivo estructural del episodio de Ceuta es sabido: Marruecos registra una tasa de desempleo juvenil del 37,2 % entre los 15 y 24 años, con porcentajes que rebasan el 45 % en núcleos urbanos, mientras el PIB no acaba de crecer. La fisura entre esa intensificación y el sentimiento de exclusión devora la privación respectiva. Y aquello que verdaderamente estimula la emigración es la travesía habida entre expectativas y realidad, no un entorno de pobreza extrema. La llamada en las postrimerías de 2025 modularon y construyeron esta desincronización bajo la expresión “queremos hospitales, no solamente estadios”, condenando el dispendio coligado a la organización del Mundial 2030, mientras la urbe se encuentra falta de las necesidades básicas.
El desencadenante más próximo de los hechos de Ceuta lo localizamos en la resolución del Tribunal Supremo 814/2026, que paralizó las devoluciones en caliente de los migrantes que ingresan a nado en Ceuta y Melilla. Este indicativo se amplió y tergiversó para hacer suponer que la frontera estaba abierta y con ello la arremetida híbrida a gran escala contra una frontera exterior de la UE.
En la última etapa de 2020, Marruecos se incrustó a los Acuerdos de Abraham, procedimiento de normativización árabe-israelí promovido por la primera Administración Trump y que reestructuró los pactos en Oriente Medio y el Norte de África, como contrapartida del reconocimiento norteamericano de la soberanía de Rabat sobre el Sáhara Occidental.
Esa compensación convirtió al reino de Mohamed VI en una parte del eje Washington-Tel Avic-Golfo, con vía a tecnología militar avanzada y punta de lanza de la estrategia regional de Washington de cara al influjo de Rusia y China en el continente africano. Y en 2025, la Resolución 2797 del Consejo de Seguridad no hizo sino fundamentar y apuntalar ese ordenamiento, al acreditar el proyecto de autonomía marroquí como “la solución más viable” para el Sáhara.
La capacidad europea de apremiar a Marruecos colisiona con dos extremos estructurales. Primero, la sujeción en materia de seguridad y control migratorio. La Unión fomenta la contribución migratoria con Rabat desde 2004 y se incrementó desde 2013, erigiendo a Marruecos en interventor de facto de su frontera exterior. Esto traduce los vuelcos bilaterales sobre el Sáhara: España osciló en 2022 tras la crisis de Ceuta de 2021, mientras que Francia lo causó en 2024 después de tensiones parecidas.
Lo que se abordó como cesiones bilaterales ante la presión migratoria, acabó precipitándose en una posición comunitaria regulada en el Consejo de Asociación UE-Marruecos. Así, el Sáhara es la primera disputa territorial posguerra fría, donde el interés estratégico desaloja a los principios preceptivos.
A ello hay que añadir que España reconoció el Estado palestino, rechazó el tráfico de armamento a Israel, objetó el empleo de bases militares a Washington para atacar Irán y emprendió un proceso regularización para cientos de miles de migrantes, en un escenario donde las encrucijadas irregulares hacia el conjunto de la UE descendieron un 40% en el primer semestre de 2026.
En consecuencia, el rol de un monarca parlamentario de valioso beneficio institucional y realmente irreemplazable, posee una capacidad portentosa para convertir lo encarnado en protagonista. Mientras miles de individuos subsisten entre la desconfianza y desesperanza a uno y otro lado de los límites fronterizos de Ceuta, los discursos institucionales suelen retornar una y otra vez a criterios solemnes como la integridad territorial, la soberanía o la unidad nacional.
Sin lugar a dudas, eso fue lo que aconteció durante la visita de Felipe VI a la ciudad autónoma. Y sin perder ni un solo segundo, insufló ánimo a una ciudadanía al límite de sus fuerzas e insistió en numerosas ocasiones en que Ceuta es España y Europa, defendió el retorno de quienes han accedido irregularmente al país vecino por las instancias jurídicas y demandó colaboración a Marruecos.
