El gobierno del Partido Popular acaba de aprobar una reforma que va a afectar a todos los trabajadores y trabajadoras. Les vas a afectar de una manera negativa y con ella el gobierno de Rajoy fija unas reglas de juego que evidentemente no benefician a la clase trabajadora. Ante los despidos improcedentes, los días de indemnización máxima pasan de los cuarenta y cinco a los treinta y tres días y con un límite de compensación de veinticuatro meses frente a los cuarenta y dos que existían antes de la reforma. A la vez, se facilita el despido y se faculta a los empresarios y empresarias a iniciar expedientes de regulación de empleo no sólo ante situaciones manifiestas de pérdidas si no también ante la disminución de ventas o ante pérdidas previstas.
Además de ello, a partir de ahora también cabe la posibilidad de las personas inscritas en el inem, y que vienen percibiendo algún tipo de prestación, puedan “realizar servicios de interés general en beneficio de la comunidad” a través de convenios. Ana Botella ya anunció hace poco su intención de contar con “voluntarios” para desempeñar tareas en distintos servicios públicos. O lo que es lo mismo, dar cobertura a puestos de trabajo sin ningún coste y sin contratar propiamente. Todo un sueño para algunos.
Con esta reforma, lejos de proteger a los trabajadores y trabajadoras, se facilita y allana el camino a quienes quieran despedirles. A partir de ahora, les será mucho más fácil.
Además, la adopción de las medidas que abarcan la nueva reforma laboral no se ha realizado desde un planteamiento transitorio de las medidas por la situación de crisis, si no que se presentan como reformas estructurales y permanentes.
Con todo ello, se retrocede en los derechos conseguidos por los trabajadores y trabajadoras durante muchos años de luchas y reivindicaciones. Lejos quedaron los tiempos de garantías y de mejoras en las condiciones laborales para dejar paso a lo que desde muchos sectores se viene calificando como las nuevas formas de esclavitud.
Ya de por sí, muchas veces hay quienes tienen que trabajar de una manera bastante precaria, soportando situaciones impuestas por el empleador/a, dedicando más tiempo del estrictamente establecido en el contrato e incluso realizando funciones que no les corresponden; pese a ello, y teniendo en cuenta la dificultad para cambiar de trabajo (y para encontrarlo) se han venido aceptando esas imposiciones tácitas entre personas empleadoras y personas trabajadoras, puesto que no quedaba más remedio para poder seguir aportando un sueldo.
Pero para incentivar la contratación, antes que abaratar y facilitar los despidos hace falta apostar por la reducción de los gastos de cualquier contratación y de la carga impositiva para animar a los potenciales empleadores/as a contratar y no a despedir.
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