La primera medida del nuevo Gobierno: quitar derechos a los guardias civiles

Un derecho no es algo que alguien te da; es algo que nadie te puede quitar. Una frase que debería colgar en las puertas de los despachos de nuestros generales y del director general de la Guardia Civil Félix Azón. Una frase que hubiera impedido la presentación de un borrador que pretende modificar las actuales órdenes generales de jornada, vacaciones e incentivos al rendimiento. Un borrador que es un claro retroceso en los derechos sociolaborales de los guardias civiles, haciéndonos retroceder veinte años.

La actual normativa fue aprobada por el Gobierno “conservador” del Partido Popular”, siendo director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa. Una normativa que supuso un avance sin precedente en los derechos laborales de los guardias civiles; derechos que ahora pretende eliminar el Gobierno “progresista” del Partido Socialista Obrero Español, algo que choca a los guardias civiles, porque se presentaban a estas elecciones con el propósito de mejorar los derechos laborales de los trabajadores per en contraposición, quieren arrebatar derechos a los guardias civiles que, por cierto, somos también trabajadores.

Un borrador que presentan con premeditación y alevosía tres días después de unas elecciones generales para evitar que la indignación y el descontento de los guardias civiles y sus familias pudieran influir en el proceso electoral, porque el borrador que pretenden aprobar perturba gravemente la conciliación laboral y familiar de los guardias civiles y, cobardemente, intentan aplicarlo al colectivo que más horas trabaja y menos derechos tiene.

AEGC estaba expectante en conocer el contenido del polémico borrador, pero no pensábamos que un director general que se encuentra una Guardia Civil sin grandes tensiones laborales se aventurara a presentar un documento que ha provocado la convocatoria inmediata de manifestaciones y concentraciones de las Asociaciones Profesionales de Guardias Civiles, que llevará a miles de guardias civiles y sus familias a las puertas de la Dirección General. Hay que ser muy insensato y querer muy poco a los guardias civiles para presentar un texto que atenta contra los derechos laborales de todos.

Para que los ciudadanos tomen conciencia de los motivos de nuestra indignación cabe apuntar que nos han entregado un documento que omite en qué régimen está encuadrado cada guardia civil, las cantidades que nos abonarán a cambio de eliminar descansos y otros derechos que pretenden sustraernos. Es como si quisieran vender un coche, pero no nos dicen cuánto vale, qué combustible usa o de qué color es.

Después de aprobada la Orden General el director general determinará o modificará lo que considere necesario. Pero, por si fuera poco, eliminan los descansos singularizados mermando claramente los días libres que disponemos al año a cambio de una compensación económica, pero no nos dicen cuánto pagaran, ni de dónde saldrá el dinero.

Intentan reducir el descanso semanal que pasará de dos días naturales más al menos 8 horas de después de finalizar el servicio, a 48 horas en las que se incluye el descanso diario, es decir, se pierden muchas horas de descanso semanal. Eliminan además las compensaciones por trabajador nocturno y por modificaciones de los servicios nombrados o los descansos.  Eliminan el máximo y el mínimo de horas en cada servicio, con lo cual nos pueden nombrar un día un servicio de 12 horas y otro uno de 4 horas para compensar.  Eliminan los horarios de los servicios, nos pueden nombrar servicios que comiencen a las dos de la mañana o a las seis de la tarde.

Además reducen un 65% la cuantía de productividad de los guardias civiles que se encuentren en una de las siguientes situaciones: permiso por nacimiento, guarda con fines de adopción, acogimiento o adopción de un hijo o hija; por situaciones de embarazo que impidan la prestación del servicio y por asistencia a cursos de formación de la Guardia Civil superiores a tres meses. Se atreven a limitar a doce meses la percepción de la productividad por bajas en acto de servicio; es decir, que si un guardia sufre un atentado y su recuperación es superior a doce meses, jugarse la vida le cuesta dinero.

Nos llama la atención que eliminen los máximos de productividades “a dedo” que actualmente están limitadas a cuatro al año, mientras el borrador permite que los agraciados la puedan percibir todos los meses, gracias al ejercicio de la dedocracia. Hay otras muchas cuestiones que podríamos resaltar, porque son muchos los derechos que tratan de sustraernos, pero también somos muchos miles de guardias civiles dispuestos a defenderlos.

La Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) fue la primera Asociación Profesional en lanzar un comunicado advirtiendo al director general que no íbamos a permitir que nos robaran derechos, que saldríamos a la calle para trasladar nuestro descontento a la sociedad. Eso sí, jamás se nos pasó por la cabeza que un Gobierno que dice ser progresista se atreviera a eliminar una norma de un Gobierno “conservador”. Una norma que mejoró sustancialmente la calidad de vida de los guardias civiles, propiciando una mejor conciliación familiar y profesional.

Para terminar, recordar el pensamiento del humanista Ramsey Clark: “Un derecho no es algo que alguien te da; es algo que nadie te puede quitar”. Algo por lo que estamos dispuestos a luchar.