La Asociación de Consumidores y Usuarios Halal de Ceuta, Acohace, ha remitido un escrito a la Dirección Territorial del Imserso en Ceuta solicitando información sobre la situación de los expedientes de discapacidad, dado que viene recibiendo quejas de usuarios por la demora en su resolución.
La Dirección Territorial respondió diciendo que “es cierto que hemos pasado de valorar en tres meses a hacerlo en un año”. Asimismo, añaden que están sin médico en el equipo de valoración desde el verano, “no habiendo sido posible cubrir dicha baja porque no hay médicos en la lista del SEPE”.
“Los grandes perjudicados de este desorden son los usuarios del servicio”, explica la asociación. “Llama la atención el caso de un chico de 21 años aquejado de un síndrome, cuyos padres habían solicitado una revisión por empeoramiento. La solicitud iba acompañada de un extenso informe de un gabinete de psicólogos peritos judiciales, así como informe de psiquiatra y otro de endocrino, todos ellos reafirmando las condiciones psíquicas del muchacho”.
Una trabajadora social de Imserso Ceuta “llamó a los padres del chico para decirles que habían resuelto darle ‘cero’, es decir, en vez de aplicar procedimientos escritos, se rigen por llamadas telefónicas para comunicar resoluciones que deberían mantenerse conforme a los obligados administrativos”, advierten.
“La trabajadora social hacía hincapié en que el solicitante había podido sacar un título de formación profesional básica, y que eso era ‘un indicador suficiente’, es decir, que se suple la falta de médico con pareceres y decisiones de trabajadores sociales”, lamentan.
“Ni en eso atinan, pues del ‘cero’ telefónico finalmente, y mediante notificación escrita, le han reconocido un 20%, y sin Informe Facultativo que avale dicha decisión. Cambiaron de parecer en tres días. La familia de la persona afectada ha decidido recurrir ante la Justicia la desconcertante decisión del Imserso Ceuta”.
Otro caso digno de mención es el de una mujer que sufrió un ictus severo que la mantiene en cama. El Imserso decidió, después de algo más de un año, reconocerle un 37% cuando “la evidencia clama por un grado más alto”, explica Acohace.
“Todo esto produce inquietud a la hora de pensar en si los distintos servicios están coordinados entre sí o bien que cada uno va por libre y sin valorar prudentemente la documentación que los peticionarios aportan”.
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