El informe del Defensor del Pueblo revela situaciones conflictivas para el cobro de las ayudas
El componente fronterizo que va aparejado a la ciudad autónoma en ocasiones da lugar a numerosas situaciones de vacío legal o que requieren de una interpretación de la ley de acuerdo a las características de Ceuta. Es lo que ocurrió, por ejemplo, con la ley que indicaba que los parados que salgan del país perdían la antigüedad en la demanda de empleo para percibir la Renta Activa de Inserción (RAI), una situación que se solucionó cuando el director provincial del SEPE, Carlos Torrado, elevó una propuesta a la Dirección General para paliar o adecuar a la ciudad la medida de interrumpir la inscripción como demandante de empleo a quienes viajaran a Marruecos. Concretamente, la propuesta consistía en que se desarrollara en las instrucciones la interpretación del concepto ‘salida al extranjero’ para los demandantes de empleo nacionales residentes en Ceuta y Melilla “teniendo en cuenta la singularidad de nuestro territorio, y en el sentido de no computar ésta, como actualmente se viene haciendo en aplicación a la actual normativa”. Así, se tenía en cuenta la singularidad de Ceuta y el supuesto era un caso de ‘salida al extranjero sin pernoctar’.
De esta manera, a la gente que residiendo en Ceuta iba a Marruecos y volvía nunca se les quitó la antigüedad, salvo en un caso, que después se subsanó. Distinto es que hay otros en los que se ha podido demostrar que residen en Marruecos, por lo que sí se les ha denegado o se les ha suspendido el derecho, una labor que se realiza con la UCRIF de la Policía Nacional.
Este asunto se contempla en el ‘Informe Anual 2014 del Defensor del Pueblo’, al igual que un caso en el que el SEPE denegó la solicitud de acceso al Programa de Renta Activa de inserción a una interesada por trabajar a tiempo parcial, tres horas a la semana, como empleada de hogar y con un salario de 90 euros mensuales.
En su informe, el Defensor del Pueblo indica que, solicitada la información, ese servicio comunicó que, en virtud de lo establecido en el Real Decreto 1369/2006, de 24 de noviembre, que regula el Programa de Renta Activa de Inserción, “ningún trabajador que sea no desempleado en el momento de su incorporación a dicho programa puede acceder a la ayuda”. Entendían que, en tal situación se encuentran las personas que trabajan a tiempo parcial.
Respecto de la compatibilización de la ayuda se indicaba que tan solo es aplicable una vez reconocido el derecho y en determinadas condiciones. El Defensor del Pueblo puso de manifiesto que el Tribunal Supremo declaró que el empleo que impide el acceso a los programas de inserción es aquel que coloca al individuo dentro de la población realmente activa y que permita una mínima subsistencia. Así, se pidió información respecto de la compatibilidad al SEPE y respondió que estudiaría el caso, aunque en la última comunicación enviada se mantenía el criterio inicialmente expuesto. También se solicitó a la Secretaría de Estado de Empleo que se pronunciara.
Finalmente, el SEPE estimó la reclamación una vez que el Defensor del Pueblo dio traslado al mencionado organismo de la documentación, aportada por la interesada junto a su escrito de queja, en la que se acreditaba su condición de víctima de violencia de género.
Tal y como ha podido saber este medio, en este asunto hay que distinguir dos cuestiones: que trabaje a tiempo parcial y pida la RAI o que disfrute del programa y después tenga un contrato parcial. En el primero de los casos no le corresponde la ayuda porque incumple la ley. En el segundo, un beneficiario de la RAI puede firmar un contrato parcial, por lo que se le descuenta la parte proporcional.
Estos son dos de los supuestos relacionados con el empleo que debido a la condición fronteriza de Ceuta generan situaciones complicadas tanto para los ciudadanos como para las administraciones.
