Domínguez–Berrueta considera que la normativa pondrá la decisión en manos del juez, evitándose así cláusulas abusivas A falta de que "en un plazo máximo de dos meses", como afirmó ayer el diputado en el Congreso , el popular Martínez–Pujalte, se ponga en marcha la nueva Ley hipotecaria, las personas que puedan estar amenazadas de desahucio o en proceso ya abierto para tener que abandonar su casa, pueden respirar 'algo' más tranquilos a tenor de lo que los entendidos en la materia dicen al respecto.
De tal modo, el juez decano de Ceuta, Juan Domínguez–Berrueta de Juan, explica que "estamos ante una reforma normativa, que en virtud de su capacidad, va a permitir que se pueda paralizar los procesos de desahucio pendientes o ampliarles el plazo para que los afectados puedan abonar lo que deben".
Según añade Domínguez–Berrueta de Juan "el juez, en el uso de sus facultades de interpretación de los hechos de las normas jurídicas, podrá apreciar si ha habido cláusulas abusivas a efectos de evitar el desahucio", una circunstancia que califica como "satisfactoria para el inquilino en apuros y amenazado de ser desahuciado".
Asimismo, el juez decano señala que "a falta de ver cómo se plasma de manera definitiva, da la impresión de que a los procedimientos pendientes se les concederá un plazo para apreciar ese hecho normativo nuevo, lo que reforzará la propia medida".
La Ley Hipotecaria, avanzada de manera definitiva ayer por el Gobierno en Madrid, modificará la normativa hipotecaria para permitir que los jueces puedan paralizar los procesos de desahucio y tener así tiempo de investigar si se han aplicado cláusulas abusivas, "más allá de definir más concretamente qué se considera cláusula abusiva", cuenta Domínguez–Berrueta de Juan.
La normativa, que entrará en vigor en dos meses, aprovechará la tramitación del proyecto de Ley Antidesahucios elevado a finales del año pasado, y para la secretaria de Gobierno en Ceuta, Josefa Vilar, se ha "sido conscientes que en la incapacidad para hacer frente a las deudas hipotecarias, que conlleve la pérdida de la única vivienda, se produce la peor de las situaciones para una familia".
En este sentido, Vilar valora que la normativa es "solidaria", al tiempo de señalar, no obstante, que en nuestra ciudad su incidencia "no será tan marcada puesto que en Ceuta no se registra un porcentaje elevado de desahucio y los que hay son por falta de pago, no por lanzamiento hipotecario".
Por último y en relación a las palabras de Vilar cabe especificar dos aspectos, siendo el primero de ellos el hecho de que, a diferencia de lo que ocurre en la península en la mayoría de casos de desahucio que hasta la fecha y en los últimos años se han llevado a cabo en Ceuta, la mayoría fueron mediante un régimen de arrendamiento, es decir, que el inquilino en cuestión se vio obligado a entregar las llaves al no poder hacer frente a la mensualidad acordada en un principio, mientras que en la minoría de los supuestos restantes fueron decretados por orden específica (e igualmente tajante) de una entidad bancaria, acción que se denomina ejecución bancaria, mucho más común en la península que en Ceuta.
Los dos juzgados de lo Penal acogieron siete juicios de 'okupas'
El aumento de litigios que se han dirimido, vía juicio oral, en las salas bien de lo Penal número Uno, bien de lo Penal número Dos, también han experimento un notable ascenso en los últimos meses y semanas. Prueba de ello es, a modo de ejemplo, que sólo en el mes de marzo cuatro personas pasaron por lo Penal número Uno y otras tres por el número Dos para conformarse con la pena que para ellos le solicitaba el Ministerio Fiscal en base a la comisión de un delito de ocupación ilegal de vivienda. En tales casos, además de afrontar una multa, debieron abandonar la casa ocupada en un tiempo estimado no superior a quince días, una realidad que viene a verificar el problema del binomio crisis–vivienda.
Así, y toda vez que las fuentes oficiales de Justicia consultadas estiman que en los últimos cuatro años (hasta diciembre pasado) se ha experimentado un aumento del 10 por ciento en casos desahucio, se concluye que en 2008 el número de ceutíes que se vieron en la tesitura de abandonar sus viviendas sí o sí fueron 35 de una solicitud de 70, lo que marca cómo la tendencia negativa se ha acentuado considerablemente en escaso periodo de tiempo.
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