El delito de prevaricación administrativa que se le pretende endosar a Caminero establece, literalmente, que la autoridad o funcionario público debe, “a sabiendas de su injusticia”, dictar “una resolución arbitraria en un asunto administrativo”. Se castiga con “inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años”.
“En el presente caso”, estima la Fiscalía, “nos encontramos ante una irregularidad administrativa a dirimir ante la jurisdicción Contencioso-Administrativa por incumplimiento contractual” pero no puede hablarse de “hechos constitutivos de delito subsumibles en el artículo 404 del Código Penal, ya que no se cumplen los requisitos exigidos jurisprudencialmente para que pueda hablarse de ese plus de reproche que convierte la irregularidad administrativa en ilícito penal”.
Dichos requisitos son: a) “que el sujeto activo sea una autoridad o funcionario público”; b) “que tal sujeto haya dictado una resolución arbitraria”; c) que lo haya hecho “a sabiendas de esa injusticia”; y d), a la luz de la jurisprudencia del Supremo, que se haya causado “un resultado materialmente injusto” que consistiría “en una resolución notoriamente injusta y arbitraria, dictada dolosamente”.
La empresa no apareció ayer en el Juzgado, que tenía previsto tomar una serie de testificales aparentemente trascendentes como la del interventor, que defiende que la Administración no debe pagar 18.000 euros por un informe de 92 páginas que “dedica prácticamente su contenido total a transcribir datos suministrados por la propia GIUCE”, y la del jefe de Industria, Manuel Jurado, que ha argumentado por escrito que lo recibido de ‘Oclem’ es lo que se le pidió cuando Francisco Márquez era consejero de Hacienda y promovía un gran contrato a diez años vista sobre el alumbrado público de la ciudad autónoma.
La aportación de ‘Oclem’ se limitó a decir que convenía “la sustitución de las luminarias existentes dotadas de lámparas convencionales por otras de tecnología LED” y “dotar a las luminarias de un equipo electrónico de telegestión” para lograr “ahorro energético” y “mayor respeto y conservación del Medio Ambiente.
Investigación “caiga quien caiga”
El presidente de la Ciudad, Juan Vivas, se comprometió en el Pleno de enero a investigar hasta el fondo, “caiga quien caiga, quién y por qué” encargó en 2011 a una empresa “desconocida” radicada en Madrid, ‘Grupo Oclem’, un informe sobre el alumbrado de la Ciudad que se presupuestó en 18.000 euros (IPSI incluido), lo justo para poder adjudicarlo ‘a dedo’, y que se tradujo en un dictamen “con fotocopias y cuatro párrafos de obviedades”, según denunció durante su exposición ante la Cámara del asunto el diputado localista Juan Luis Aróstegui (Caballas). Vivas pidió cuentas en la propia Sesión Plenaria de si se había gestionado un reconocimiento extrajudicial de esa deuda que Caminero se niega a pagar y dejó claro que su Ejecutivo arropará y amparará las decisiones de Intervención “siempre”, algo que también instó a hacer a la oposición. Román aseguró que tiene el mismo interés que el primer grupo de la oposición en no dejar pasar “ni una” a los corruptos en el manejo del dinero público.
