Pocos días después del suceso, el que fuera delegado del Gobierno, José Fernández Chacón, anunciaba la puesta en marcha de una investigación con la que se perseguía conocer las causas de la deflagración. Han pasado dos años y a pesar de las investigaciones judiciales y los informes aportados por la Guardia Civil, no se ha podido dar con la autoría de un siniestro que dejó diez personas heridas además de un fallecido. Se trataba del ingeniero Víctor Lantarón. Su familia denunciaba, en junio del pasado año, la lentitud de la maquinaria judicial, así como la falta de información. Su cuñado, Javier Villalba, erigido en portavoz de la familia, se hacía eco de la falta de actuación. "Quince meses después de la explosión en las obras del Centro Penitenciario de Fuerte Mendizábal (un suceso que conmocionó a toda la población ceutí) la familia de la única persona fallecida sigue sin conocer los motivos ni las causas del accidente. Ni la Fiscalía, ni el Juzgado de Instrucción nº 4 de Ceuta, que se encargaron de la investigación, han dado ningún tipo de respuesta y el caso sigue sin ser resuelto", denunciaba Villalba.
"Nosotros nos preguntamos si la tardanza en resolver este caso es por falta de funcionarios, por presiones políticas o de otra índole, por negligencia o simplemente porque el expediente esté olvidado en el fondo de algún cajón de la Fiscalía y del Juzgado de Instrucción nº 4", criticaba. Ahora la familia se topa con un sobreseimiento, sin que hasta el momento hayan anunciado si interpondrán o no recurso.
