La Delegación del Gobierno ha decidido no autorizar la concentración promovida ante su sede para el 9 de mayo por no haber sido informada por sus convocantes con el plazo mínimo legal general de diez días. “En la inmensa mayoría, por no decir en la totalidad, de las ocasiones la Administración es comprensiva y acepta la solicitud atendiendo a un carácter de urgencia, pero ésta vez no ha sido así”, criticó Palomo en declaraciones a este periódico.
A juicio del comisionista, “los mismos que dicen que es irresponsable promover un paro educativo junto a los representantes de las familias del alumnado y a los propios estudiantes demuestran su escaso talante democrático vetando la posibilidad de optar por otra alternativa, la de visualizar el rechazo a la LOMCE y al desmantelamiento de la escuela pública a través de una concentración”.
La legislación vigente establece que cualquier reunión “en lugares de tránsito público” debe ser comunicada por escrito a la autoridad gubernativa correspondiente por los organizadores “con una antelación de diez días naturales, como mínimo y treinta como máximo”, aunque contempla que “cuando existan causas extraordinarias y graves que justifiquen la urgencia de convocatoria” la comunicación podrá hacerse “con una antelación mínima de 24 horas”.
“Más razones que nunca”
FETE-UGT y FECCOO informaron el jueves a la Delegación de sus intenciones y ayer expusieron sus argumentos a los periodistas: “Hay más razones que nunca para ir a la huelga”, explicó Palomo, “pero un paro convocado y no respaldado es un fracaso que el Gobierno del Partido Popular interpretaría como un respaldo de los maestros y profesores a la LOMCE y los recortes y debilitaría no a los sindicatos, sino a los intereses de los propios docentes”.
Los dos sindicatos coinciden, también, en que la situación económica está tan degradada que no parece el momento para pedir a los docentes que sacrifiquen “120 ó 130 euros” con la Administración especialmente ensañada en la resta (“ahora se quita hasta la parte proporcional de la paga extra”).
“Si no vamos a tener el respaldo del 80% ó 90% del colectivo vamos a optar por otro tipo de movilización que, además, dará la oportunidad a todos los sindicatos [ANPE y CSI.F no promueven la huelga] de sumarse”, argumentaron el comisionista y Francisco Lobato, “para que el profesorado pueda mostrar libremente, sin coacciones económicas tampoco, su descontento”.
Tras conocer la negativa de la Delegación del Gobierno a autorizar la concentración, las dos centrales mayoritarias tienen la intención de reunirse el lunes a primera hora de la mañana para decidir si llaman al profesorado a no ir a trabajar el jueves, lo más probable, u optan por otra vía para dejar patente su “radical rechazo” a la LOMCE y a los recortes educativos del Partido Popular.
Las claves
Diez días antes
Ley Orgánica 9/1983, reguladora del derecho de reunión, establece que “la celebración de reuniones en lugares de tránsito público y de manifestaciones deberán ser comunicadas por escrito a la autoridad gubernativa correspondiente por los organizadores o promotores de aquéllas, con una antelación de diez días naturales, como mínimo y treinta como máximo”.
EXCEPCIONES
La misma norma contempla que “cuando existan causas extraordinarias y graves que justifiquen la urgencia de convocatoria y celebración de reuniones en lugares de tránsito público o manifestaciones, la comunicación podrá hacerse con una antelación mínima de veinticuatro horas”.
Unidad sindical
FETE-UGT y FECCOO habían optado por una concentración en lugar del paro general para apostar por la “unidad de acción” y facilitar que ANPE y CSI.F, que no secundan la llamada a la huelga a nivel estatal, sumarse a una protesta "en la que el profesorado pueda mostrar libremente, sin coacciones económicas, su descontento"
“La LOMCE se olvida del profesorado”
Lobato recordó ayer que al proyecto de la LOMCE que abandera el ministro Wert “no se oponen sólo los sindicatos, las asociaciones de padres de alumnos más representativas y los estudiantes”. También el Consejo de Estado, que según recordó "acaba de emitir un informe en el que critica la falta de consenso alrededor de un texto que sólo apoya el PP y que promociona itinerarios excluyentes, que se olvida del alumnado con más dificultades y que resta capacidad de decisión a la comunidad educativa en beneficio de los directores, a los que elegirá el Gobierno". "La Ley se olvida del profesorado y quita Educación para la Ciudadanía sin plantear una alternativa que hable de ética y civismo y no sea alternativa a Religión", añadió Palomo, quien teme que la línea de actuación adoptada por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, "conducente a que sean los colegios los que puedan seleccionar a sus estudiantes", se acabe imponiendo en todo el país. En Ceuta el panorama es, a juicio del comisionista, "desolador": "La Dirección Provincial no sólo no ha ganado competencias, sino que las ha perdido, y Madrid o no nos escucha”, alertó.
La FAMPA llama al paro el jueves
La Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (FAMPA) de Ceuta mantendrá su llamada a las familias del alumnado para que los estudiantes no acudan a clase el próximo jueves, 9 de mayo, “contra los recortes en educación y contra la Ley para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) y para defender una escuela pública de calidad de todos y para todos”, tal y como promueve la Confederación Española de Padres de Alumnos (CEAPA), en la que está federada, a escala nacional.
El presidente de la FAMPA, Mustafa Mohamed, ha recordado que la convocatoria de huelga está “más que justificada” porque “las familias con alumnos en la Educación Pública nos negamos a que haya niños que pasen hambre en los centros educativos por falta de becas de comedor escolar, a que se eliminen las ayudas para la adquisición de libros de texto y material curricular o que las familias tengan que adelantar el dinero de las mismas y a que las suplencias tengan que estar sin cubrir varios días, perdiendo con ello una cantidad importante de tiempo escolar”.
“Exigimos”, resumió Mohamed, “la adecuada financiación de nuestro sistema educativo público y un cambio radical en las políticas educativas que se están desarrollando en contra el derecho a la Educación, dirigidas de forma especial contra todo lo público”.