La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, se ha pronunciado sobre la problemática migratoria en las fronteras, después de que el pasado 7 de febrero anunciara que iba a proceder a una investigación tras la trágica avalancha en la que fallecieron 15 subsaharianos. Su pronunciamiento no ha ido más allá de pedir lo obvio: que se respeten los derechos humanos en las fronteras, advirtiendo de que no puede decir nada más debido a que ya hay una investigación judicial en curso.
La Defensora ha insistido en que los métodos de control de fronteras deben contemplar “siempre” la obligación de utilizar medios que sean “respetuosos” con los derechos humanos, con el ordenamiento jurídico y con las obligaciones internacionales asumidas por España.
La Institución no se ‘casa con nadie’ y simplemente se ciñe a confirmar que es “consciente” de la “difícil situación en la que se encuentran nuestras fronteras” y “de las dificultades a las que se enfrentan los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para desempeñar su labor”. Pero agrega que, ante la interceptación por parte de la Guardia Civil de una persona que intenta acceder a territorio nacional de manera irregular, “la única actuación prevista por la Ley de Extranjería es la inmediata puesta a disposición del Cuerpo Nacional de Policía para la incoación de un expediente de devolución”. Esto debe cumplirse desde el año 2005.
La respuesta que ahora ofrece la Institución es producto de la actuación iniciada para conocer las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento de varios inmigrantes durante su intento de acceder de manera irregular a territorio español a través de la frontera del Tarajal.
Becerril lamenta “profundamente” la muerte de estas personas puesto que suponen “historias de vida frustradas, cuyo origen está en el deseo de encontrar una vida mejor”.
La Defensora indica que por respeto a la independencia judicial y a lo establecido en la Ley Orgánica reguladora de la Institución, “no se puede pronunciar sobre lo sucedido”.
El juzgado de instrucción número 6 es el que lleva la investigación judicial sobre lo ocurrido, centrando su actuación tanto en las muertes de los inmigrantes, ya que cinco cadáveres aparecieron en Ceuta, como en las devoluciones de los 23 subsaharianos que llegaron hasta la ciudad autónoma y fueron rechazados a Marruecos.
