Mediante una nota de prensa, la Defensora del Pueblo mostró ayer su posicionamiento tras la trágica avalancha del pasado 6 de febrero. Y lo hizo para, en el fondo, no decir nada o, mejor, reiterar lo que ya sabemos. El respeto a los derechos humanos en frontera es algo que debe cumplirse siempre. Que nos lo venga a reconocer la institución no vale más que para cubrir un hueco mediático con el que justificar que, al menos, posicionamiento ha existido. Demasiado vacío pero ha existido. No van más allá por respeto a la investigación judicial puesta en marcha. Una excusa que le sirve a la Defensora para no ofrecer una conclusión firme y contundente como la que muchos ciudadanos estábamos esperando.
Y es que se puede respetar el procedimiento judicial, se puede evitar cualquier intromisión sin que por ello se ofrezca una valoración clara y valiente sobre lo sucedido. Pero no ha sido así, se ha preferido nadar y salvar la ropa. Algo que puede entenderse en muchos ámbitos o esperarse de otras entidades, pero no de la Defensora.
Es mucho lo que se ha dicho o leído después del 6-F. Algunas consideraciones han sido auténticas burradas, nos hemos quedado realmente cojos en cuanto a valoraciones de entidades sensatas, que no juegan al oportunismo, de las que podemos esperar cierta sapiencia en un mar de alocadas e hipócritas sentencias. Por eso esperaba el posicionamiento de la Defensora como agua de mayo. Pero decidió dar el esquinazo con una nota de prensa que, en estos momentos, chirría.
Sobre la frontera hay mucho que decir, mucho que exigir y mucho por cambiar. No han muerto 15 personas. Ha habido muchísimas más, demasiados accidentados, cuantiosas historias sin resolver, agentes que no tienen claro cómo deben actuar, protocolos inexistentes a pesar de los requerimientos. No se trata solo de lo que pasó el 6-F, más bien se trata de dictar un posicionamiento claro en una frontera de locos, sobre la que conocemos de sobra sus penalidades, sus miserias, sus abusos, sus faltas, su todo... mientras permanece en el olvido ya no solo de Europa sino también de un Gobierno de la Nación que solo se mueve a golpe de presión, de impacto y de crisis.
La Defensora puede cambiar, puede recapacitar, puede variar sus posicionamientos y erigirse en lo que esperamos de esta institución: que sea valiente y clara sobre unos hechos que, desgraciadamente, pueden volver a repetirse. Ni los inmigrantes ni los propios guardias civiles se merecen vivir en este limbo permitido. Resulta una indecencia.
