Fue en el mes de enero del año pasado cuando comparecieron en una rueda de prensa el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Vivas, y el delegado del Gobierno, Francisco Antonio González Pérez, después de una entrevista que mantuvieron ambos políticos y donde entre otros asuntos analizaron la necesidad de instalar cámaras de seguridad en distintos puntos de nuestra ciudad para luchar contra la delincuencia.
Se estableció que serían los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado quienes realizaran los oportunos informes y luego iba a ser la Ciudad Autónoma quien se encargara de su financiación. A lo largo de estos últimos meses, el propio delegado del Gobierno, Francisco Antonio González Pérez, ha manifestado en varias ocasiones que todo seguía con la tramitación normal y que desde luego una vez que se establecieran los puntos exactos donde se ubicarían, ya entonces comenzarían los trámites administrativos.
Sin embargo, según ha podido conocer esta redacción, todavía se continúa por parte de la Delegación del Gobierno la realización de ese estudio pormenorizado y se está pendiente de que haya una reunión conjunta con la propia Ciudad Autónoma. Porque una vez que sean los técnicos quienes decidan cuáles son los puntos exactos donde estarán instaladas, el mismo Gobierno autonómico debe establecer el coste real de la inversión e incluirlo en sus Presupuestos o en todo caso ejecutar un expediente de modificación de crédito.
Legalmente, debe ser la Ciudad Autónoma la que solicite a la Delegación del Gobierno la instalación de estas cámaras y tras la realización del mencionado informe, elevarlo luego al magistrado que entiende de estos asuntos en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Ya en su día comentó el mismo González Pérez que el informe de la Ciudad Autónoma contaría con el visto bueno de la Administración General del Estado.
