Los diputados de Caballas Mohamed Ali yJuan Luis Aróstegui aseguraron ayer en rueda de prensa que el Gobierno de Vivas no paga a la empresa que gestiona la desaladora de la ciudad “desde julio” pese a que recibe 4 millones de euros del Estado para ello, dos tercios del coste total anual del servicio, y que también arrastra deudas millonarias con la Empresa de Alumbrado y la concesionaria de la Planta de Transferencia de Residuos del Hacho que, en total, suman “5,5 millones de euros”.
Según los parlamentarios autonómicos, al Ejecutivo local no le cabe otra salida más que “hacer recortes” tras haber entrado, al cierre de 2015, en una situación de “déficit estructural contable”.
“Los ingresos no se pueden aumentar y no hay otra salida más que hacer recortes porque la Ley de Bases de Régimen Local, por la que nos regimos, no consiente situaciones de déficit pese a las trampas que se hacen con algunas grandes empresas y con otras que permiten que, al pactar el pago de deudas, su importe salga de las cuentas oficiales de la Administración”, reseñó Aróstegui en referencia, por ejemplo, a la acumulada por los monitores de natación.
“Hay un déficit contable de dos millones que no se ha podido maquillar; otro oculto y otro inminente si se pierden los pleitos abiertos con reclamaciones de más de 40 millones”, alertó.
