El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha emitido una sentencia crucial que obliga a reexaminar el caso de una familia siria que presentó una denuncia contra la Agencia Europea de la Guarda de Fronteras y Costas, conocida como Frontex, una situación que se sigue de cerca desde Ceuta por sus repercusiones en esta materia.
La controversia gira en torno a la supuesta negligencia de la agencia en proteger los derechos fundamentales de la familia durante una operación conjunta de retorno que resultó en su expulsión desde Grecia hacia Turquía. Este dictamen del TJUE anula un fallo anterior del Tribunal General que había eximido a Frontex de toda responsabilidad.
El origen del caso se remonta a 2016, cuando la pareja siria, de origen kurdo, junto a sus cuatro hijos, llegaron a la isla griega de Milos. Una vez allí, la familia manifestó su intención de presentar una solicitud de protección internacional. Sin embargo, pocos días después, fueron trasladados a Turquía en un vuelo que había sido coordinado entre las autoridades griegas y agentes de Frontex, sin que su petición de asilo fuera siquiera evaluada. La familia sostuvo ante Frontex que su deportación constituía una devolución ilegal debido a la violación de sus derechos fundamentales al ignorarse su solicitud, una demanda que la agencia europea inicialmente desestimó.
Tribunal de la UE
Ante la negativa, la familia decidió acudir al Tribunal de la UE. El objetivo era doble: conseguir la condena de Frontex y obtener una reparación por los daños, tanto materiales como morales, que sufrieron a causa de la negligencia de la agencia "antes, durante y después" de la operación de retorno.
La primera instancia judicial, el Tribunal General europeo, desestimó el recurso en 2023. En su razonamiento, argumentó que no existía una "relación causal" entre el presunto comportamiento ilegal de Frontex y los daños sufridos.
Además, el Tribunal General evitó examinar los requisitos de responsabilidad basándose en la creencia errónea de que la agencia europea carecía de las competencias necesarias para evaluar las decisiones de retorno o para estudiar las solicitudes de asilo.
Interpretación corregida
Sin embargo, el TJUE, con sede en Luxemburgo, ha corregido esta interpretación. El Tribunal Superior advierte que el Derecho de la Unión impone a Frontex obligaciones específicas destinadas a garantizar el respeto de los Derechos fundamentales en el contexto de las operaciones conjuntas de retorno. El Tribunal enfatiza que dichas operaciones solo son aplicables a personas que ya han sido objeto de decisiones de retorno que sean escritas y ejecutivas.
En este marco legal, el TJUE aclara que Frontex está estrictamente obligada a verificar la existencia de estas decisiones de retorno respecto a todas las personas que un Estado miembro intente incluir en dichas operaciones. Esta verificación es crucial y obligatoria para poder asegurar que las operaciones respeten el fundamental principio de no devolución (non-refoulement). Por consiguiente, el Tribunal concluye que el Tribunal General cometió un error al limitar el papel de Frontex a un mero apoyo técnico y operativo a los Estados miembros.
El caso deberá ser reexaminado nuevamente, considerando las obligaciones que impone el Derecho de la Unión a la agencia en este tipo de actuaciones.
