Justa, progresiva y suficiente es la calificación que da el sindicato Comisiones Obreras a la propuesta de reforma fiscal que ha hecho recientemente. Con la misma pretenden que se aumenten los ingresos para incrementar el gasto social. Dan cifras y argumentos, que merece la pena leer, para reflexionar sobre los mismos. Sólo así podremos hacernos una idea cabal de la mayor o menor bondad de sus pretensiones, a la luz de la actual situación de nuestro país.
En el mundo académico de la ciencia económica, y ciñéndonos al marco de la denominada economía de mercado, que es la que conocemos en la mayoría de los países desarrollados, existen dos grandes tendencias. La primera es la denominada doctrina keynesiana. La misma se debe al economista J.M.Keynes, que se explicó en su obra Teoría general del empleo, el interés y el dinero, y sirvió, entre otras cosas, para salir de la Gran Depresión de 1929. La segunda, denominada teoría clásica, se debe a economistas anteriores, como Smith, Say o Ricardo.
Como nos explicaba el economista del Banco de España Pedro Montes, en su libro “El Desorden Neoliberal”, mientras que la teoría keynesiana defiende que es la demanda quien determinaba el nivel de producción y de ocupación, los clásicos y neoclásicos (neoliberales) indican que es la falta de flexibilidad del sistema y, en particular la rigidez de los salarios, la causa última del paro. Por eso Keynes defendía la utilidad del gasto público y de la política fiscal para crear empleo, mientras que los neoliberales se preocupan de crear las mejores condiciones competitivas posibles, sin prestar atención a las necesidades individuales y sociales de la población, en la creencia de que por esa vía se alcanzaría un mayor nivel de actividad, empleo y bienestar.
En otras palabras. Mientras que los economistas más keynesianos buscan potenciar el sistema público y reforzar el sistema fiscal, los neoliberales promueven un adelgazamiento del sistema público y una mayor presencia de economía privada en la sociedad. Estudios que corroboran las bondades de uno y otro sistema, los hay. Bajo mi punto de vista, ni los keynesianos son unos derrochadores de fondos públicos, ni los liberales unos pervertidos que solo pretenden beneficiar a las grandes fortunas. Ambas posturas se insertan en doctrinas bien fundamentadas, sin perjuicio de que entre los defensores y los seguidores de unas y otras teorías haya personajes de todo tipo. Personalmente, confío más en los postulados keynesianos que en los neoliberales. Y aunque el ideal de sociedad para mí vaya mucho más allá, creo que los modelos keynesianos dan mejores resultados, desde el punto de vista del bienestar social, y crean menores desigualdades.
Si partimos de este contexto teórico y recurrimos a los libros de texto básicos, existe una evidencia que se deduce del denominado modelo fiscalista (W.H. Branson en Teoría y Política Macroeconómica), que podría ser interesante tener en cuenta para analizar el momento actual a la luz del modelo fiscal que nos presenta este sindicato. Cuando la economía está casi inerte y el desempleo es elevado, la política fiscal sería relevante para predecir cambios en el Producto Nacional Bruto de un país. Sin embargo, la política monetaria sería más útil en un contexto de altas tasas de interés y altos niveles de utilización del capital y del trabajo. Es decir, como nuestra situación actual es casi de estancamiento y de alto desempleo, acompañado de una gran precariedad y desigualdad, procede aplicar medidas de política fiscal “justas, progresivas y suficientes”, como nos explican desde Comisiones Obreras.
Lo que nos recuerdan desde el primer sindicato del país es que los ingresos tributarios en España se sitúan en el 35,2% del PIB, 6,3 puntos por debajo de la media de la UE, lo que supone un diferencial de 75.400 millones al año. A su vez, entre 2012 y 2018 el peso relativo de los impuestos directos (sobre la riqueza) ha pasado del 56 al 52%. Y también, la reforma fiscal del Partido Popular (2015-2016) incrementó la brecha fiscal y nos costó 10.536 millones de euros (8542 millones de euros que se dejaron de recaudar en IRPF y 1.994 millones de euros en Impuesto de Sociedades).
Lo anterior significa que nuestro sistema fiscal ha incrementado su regresividad, lo que supone que no pagan más los que más tienen, sino que son los más pobres y vulnerables, los que se ven obligados a pagar más impuestos al tener que soportar el mismo tipo de impuesto indirecto del valor añadido que los más ricos. Si consideramos que el impuesto por beneficios de sociedades recauda poco y es muy regresivo, y que el IVA , además de caro, también es regresivo, es evidente que los pobres, que destinan casi todos sus salarios al consumo, pagan más impuestos que los ricos, tanto en términos proporcionales, como absolutos, al ser más. Y, además, se hace de una forma no progresiva, como ocurriría si fuesen los impuestos directos los más importantes.
Por tanto, si el sistema tributario es una de las bases esenciales de la redistribución de la riqueza y la disminución de la desigualdad social y territorial, como demuestran los estudios disponibles al respecto, y la situación actual en nuestro país es de estancamiento, alto desempleo y creciente desigualdad, reclamar una reforma fiscal que haga nuestro sistema más progresivo (que paguen más lo que más tienen), es de sentido común y se ajusta totalmente a lo establecido por la teoría económica.
Si a lo anterior le sumamos que la elusión fiscal de grandes empresas suponía la pérdida de casi 7.000 millones de euros en 2017 y que la economía sumergida alcanza en España la cifra de 200.000 millones de euros (16,6% del PIB), por los que nadie tributa, entonces, la necesidad de una profunda reforma fiscal en nuestro país es algo de Perogrullo.
Esperemos que el Gobierno progresista del Partido Socialista y Unidas Podemos, sea sensible a estas demandas y comience pronto los trabajos para llevar a cabo esta necesaria reforma fiscal.
