La Junta de Personal de funcionarios de la Administración de Justicia, órgano representativo de los cuerpos al servicio de esa administración en Ceuta, ha manifestado su oposición a la renovación del cargo del actual secretario de Gobierno de Justicia. Y lo ha manifestado, además, por mayoría absoluta de sus miembros.
Los motivos y razones los han recogido en un documento ya registrado en el que, por ejemplo, se alude a las “imposiciones unilaterales”, ya que, “ante la pésima gestión realizada de cara al proceso de acoplamiento a las nuevas oficinas judiciales del tribunal de instancia de Ceuta, ha implementado cambios organizativos sin el diálogo obligatorio, ignorando las propuestas de los trabajadores, adoptando decisiones y cambios sin acuerdo, consulta o consenso con los trabajadores”.
Se oponen a su renovación por sus “decisiones arbitrarias y negacionistas” ya que “ha ignorado los canales de negociación sindical, información previa y escucha activa, imponiendo criterios sin consenso. Ha optado, por el contrario, por imponer decisiones cerradas, sin atender las advertencias técnicas, organizativas y jurídicas formuladas por quienes conocen de primera mano el funcionamiento real de los órganos judiciales de Ceuta”, recogen en el documento.
Entre los motivos figura también la aprobación de protocolos, manuales e instrucciones abusivos y desmedidos, “instrumentos que, en teoría deben organizar el trabajo, pero que en la práctica utiliza como herramienta de control excesivo para medir y evaluar el rendimiento del trabajo de cada funcionario”.
Se alude a la vulneración de derechos consolidados de los trabajadores, haciendo mención a que “ha incumplido la disposición transitoria primera del real decreto 1451/2025, excluyendo a personal que venía realizando el servicio de guardias y al que correspondía seguir efectuando con la misma periodicidad. Así como obligar al personal que voluntariamente renunciaba, a la realización de las guardias”.
Recogen entre los motivos y razones las situaciones de “extralimitación de funciones, abuso de autoridad y coacciones a través de amenazas sancionadoras que rozan el acoso laboral”.
Hablan de discrecionalidad e irregularidad en las comisiones de servicio. “Participa en el otorgamiento de comisiones de servicio sin transparencia alguna, con aprobaciones a dedo a amiguetes y familiares, sin convocatoria alguna, infringiendo la normativa en vigor de manera frontal, perjudicando el derecho del conjunto del personal de la administración de justicia”.
Medidas que alteran sustancialmente las condiciones de trabajo. “Ha decidido igualmente de manera unilateral, adoptada sin diálogo previo con los trabajadores y los delegados de prevención de riesgos laborales, el traslado físico de funcionarios y letrados, presentado como un hecho consumado, cerrado e inamovible desde el primer momento del acoplamiento. Ha propiciado desocupación de dependencias plenamente operativas, que venían funcionando correctamente y que sostenían dinámicas de trabajo ante los perjuicios que la realización de las guardias provoca en su salud”.
Por último, recogen entre los motivos, el detrimento del servicio: “Esta gestión unilateral está generando un caos de gestión que está afectando considerable y negativamente al servicio público y a la justicia en Ceuta”.
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