El tribunal de la Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta ha tenido que suspender este martes el juicio contra una red de narcodrones. Una vista pionera en los tribunales de este país.
La falta justificada de una de las letradas ha llevado a que se fije la sesión oral para esta tarde, a partir de las 17:00 horas, en vez de a las diez y media como se había previsto.
El tribunal ha comunicado a todos los acusados, llamados a entrar en la sala, la incidencia acontecida que altera todas las previsiones iniciales.
Entre los acusados están ‘Laika’ y ‘Piolín’, trasladados expresamente desde las cárceles peninsulares en donde cumplen condena. En el entorno del edificio judicial y en la propia sede del Ceuta Center fue redoblada la seguridad precisamente por ello, por la peligrosidad de dos de los acusados.
Sobre la mesa hay un tipo de delito que nunca antes se había conocido: el tráfico de estupefacientes empleando este tipo de sistema. Sorprendió a las fuerzas de seguridad, ya que no se habían topado con esta manera de proceder.
La delincuencia siempre está inventando fórmulas para conseguir burlar la acción de las fuerzas de seguridad y eso es lo que ocurrió en este caso.
Las investigaciones de unidades especializadas como la UDAIFF, cuyos agentes evalúan los riesgos y prácticas delincuenciales, fueron claves para conseguir dar con esta operativa, toda vez que los seguimientos y vigilancias en el entorno de la barriada del Príncipe eran complicados en un espacio que estaba controlado al máximo.
La operación fue bautizada con el nombre Etxea, casa en euskera, y fue una de las pioneras en toda España contra el tráfico de drogas en drones. De hecho, este modus operandi nació en Ceuta en plena pandemia como fórmula para mover sustancias estupefacientes con la frontera cerrada.
Una vivienda ubicada en el zoco del Príncipe y otra en el antiguo Poblado Legionario servían de centro operaciones para el manejo de las aeronaves cargadas de hachís.
La causa ha llegado al máximo órgano judicial en nuestra ciudad marcada por el fracaso, con una suspensión previa a sus espaldas y con 10 acusados de formar parte de ese entramado.
Entre ellos los apodados ‘Piolín’ y ‘Laika’, presos por otras causas, implicados en la famosa y mediática Operación Plomo y con condenas en firme que ya cumplen.
En noviembre de 2021 la Guardia Civil decidió reventar un operativo que se saldó con varias detenciones.
La Fiscalía llegó a pedir en su escrito de calificación inicial 8 años de prisión para el presunto cabecilla de esta organización criminal y uno menos para el resto. Contemplaba la existencia de delitos contra la salud pública y organización criminal.
El trabajo desarrollado por la Guardia Civil puso en evidencia la existencia de una organización que había burlado las trabas de tener una frontera cerrada y se dedicaba a traer hachís de Marruecos a Ceuta, así como a trasladar pastillas desde la ciudad al vecino país, especialmente Rivotril y Tranquimazin.
Se servían de drones, los llamados Remotely Piloted Aircraft System, y disponían de una estructura perfectamente organizada en la que cada integrante desempeñaba un rol concreto. Si los drones eran inhibidos por la Benemérita la red era capaz de sustituir esos elevadores con rapidez. El negocio era próspero.
El tráfico de drones constante les estaba generando muchos beneficios. La organización se sentía impune y coordinaba la mayoría de las salidas de elevadores cargados de droga desde esas viviendas.
Antes de desarrollarse el operativo, el Instituto Armado decomisó varios drones e hizo seguimientos visuales y mediante intervenciones telefónicas hasta que, para evitar riesgos, optó por intervenir ejecutando registros en puntos del Príncipe como Maestra María Jaén, Agrupación Fuerte y antiguo Poblado Legionario.
Una de las casas era utilizada para las labores de pilotaje de drones; otras pertenecían a dos de los acusados y desde allí se controló la salida de algunos de los elevadores de acuerdo con los seguimientos que hizo el Instituto Armado.
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