En el juzgado han quedado arrinconados asuntos que no han podido prosperar en su investigación por la falta de una cooperación a nivel judicial con el vecino país.
La complejidad de las relaciones con Marruecos no solo tiene sus consecuencias en la frontera o en el comercio. Supone un auténtico lastre para el buen funcionamiento de la Justicia cuando se trata de esclarecer la presunta comisión de delitos en el espacio entre fronteras.
El auto dictado por el Juzgado de Instrucción número 6, que ha archivado por segunda vez la causa del 6F, pone de manifiesto la imposibilidad de avanzar en las investigaciones cuando no existe plena colaboración del vecino país porque no son atendidas las comisiones rogatorias.
Son ignoradas porque ni siquiera desde el ámbito judicial alauita se responden, aunque fuera indicando que no ofrecen datos al respecto. Es como si terminaran en el cajón de los invisibles, impidiendo que asuntos de peso puedan prosperar. La causa del 6F no ha hecho sino recuperar el debate, trasladando al plano mediático la respuesta ofrecida por el juez de enlace de España en Marruecos, Luis Francisco de Jorge Mesas, quien hasta en tres ocasiones solicitó “a las autoridades marroquíes competentes” una respuesta para que desde el juzgado español se pudiera acceder a las autopsias practicadas a los cadáveres recuperados en territorio del país vecino.
El consejero de Cooperación Jurídica en la delegación diplomática con sede en Rabat alertó al Juzgado de que las posibilidades de que esa petición tuviera éxito eran escasas porque “cuando se trata de comisiones rogatorias procedentes de Juzgados de Ceuta o Melilla, estas autoridades”, en referencia a las marroquíes, “o no contestan o invocan razones de soberanía nacional para no admitirlas”.
La Audiencia Provincial consideró que no cabía “perder la esperanza, aunque sea lejana” de que esa comisión rogatoria fuera atendida. Los hechos han demostrado que supone una tarea inútil. El caso del 6F ha reabierto el melón del grave problema judicial al que se enfrentan los juzgados de las dos ciudades hermanas.
La instrucción del 6F, desde un principio, contó con la nula colaboración marroquí
En un cajón duerme el expediente relativo a la muerte del porteador marroquí Mustafa Lahrach. Padre de 6 hijos, recibió un disparo en la espalda en plena vorágine de intento de pase de bultos cargados de mercancías por el perímetro fronterizo.
Su cadáver quedó en suelo marroquí pero se acusó de los hechos a agentes españoles. Aquello ocurrió el 4 de octubre de 2003, 15 años después no se ha conseguido que Marruecos ofrezca dato alguno sobre la autopsia hecha al cadáver o los resultados obtenidos para conocer, por ejemplo, con qué arma se le disparó causándole la muerte.
Es un crimen sin esclarecer, porque nadie penó por esa muerte. Es un caso judicial iniciado en Ceuta pero que queda cojo porque el hilo investigador de los magistrados topa con la falta de colaboración del vecino país. Un problema similar al que sufre Algeciras cuando se trata de asuntos en el que la otra parte de la balanza afecta a Gibraltar.
De trasfondo está el nulo reconocimiento de Marruecos a la españolidad de Ceuta y de Melilla, lo que le imposibilita cumplir un acuerdo de cooperación judicial a sabiendas de que el mismo supondría aceptar esa soberanía. Lo grave es que ni tan siquiera ofrece una respuesta en el sentido de rechazar la petición solicitada por un juzgado español, por lo que se crea un vacío legal que amenaza la culminación de procesos más comunes de lo que uno pueda pensar.
“Las comisiones rogatorias remitidas a dicho país por órganos jurisdiccionales con sede en Ceuta sólo en contadas ocasiones han obtenido un resultado fructífero por razones tan notorias que no es necesario detenerse en ellas”, advirtió en su día la Sala, sabedora de los infructuosos esfuerzos que han llevado a cabo magistrados ceutíes por conseguir colaboración de Marruecos sin éxito, como ocurrió con la instrucción, desde un principio, de las muertes del Tarajal. El asunto cobra importancia porque genera indefensión ciudadana ante un limbo que requiere de implicación diplomática.
Colaboración hispano-marroquí y cambios
Las relaciones a nivel judicial con Marruecos han experimentado un antes y un después en cuanto a asuntos de terrorismo se refiere. Tras el 11M se abrieron nuevas vías de comunicación y de intercambio de información que afectó al ámbito judicial, aunque con mayor lentitud. Los atentados de Casablanca también hicieron saltar las alarmas y se ha conseguido una mayor cooperación a estos niveles para evitar que las lagunas provoquen que la actuación de la justicia sea más lenta y complicada. El que fuera magistrado de enlace hasta 2010, Ángel Llorente, apuntó a que esa cooperación judicial es complicada por sus implicaciones de soberanía, por lo que “hay que ganársela” no “imponerla”.
Del Consejo General del Poder Judicial
El problema de la no colaboración judicial, que afecta no solo a Ceuta y Melilla sino también a Algeciras en su relación con Gibraltar, requiere de una atención específica a altos niveles. Es ahí donde cobra importancia el Consejo General del Poder Judicial que dispone de una vocalía para atender los asuntos relacionados con el ámbito internacional. Salen a la luz los asuntos de mayor calado, pero son más las incidencias que pueden quedar sin resolver.
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