Este lunes, la Audiencia de Granada inicia el proceso judicial contra diecinueve presuntos integrantes de una red criminal dedicada al tráfico de estupefacientes a gran escala que transportaba hachís desde Marruecos a la Costa de Granada haciendo uso de narcolanchas.
Los procesados, de nacionalidades española, marroquí y rumana, se enfrentan a cargos por delitos contra la salud pública, contrabando e integración en grupo criminal, tras ser vinculados con la introducción de hachís desde Marruecos hacia el litoral andaluz utilizando embarcaciones de alta velocidad.
Una estructura logística profesional y jerarquizada
La investigación que permitió desmantelar este entramado fue realizada de forma conjunta por el equipo de Delincuencia Organizada y Antidrogas (EDOA) de la Guardia Civil de Granada y el Servicio de Vigilancia Aduanera.
Según el Ministerio Público, la banda operaba de manera "programada y jerarquizada" desde agosto de 2019, contando con una división de tareas muy específica.
Dentro de la organización, cada miembro desempeñaba un rol vital para el éxito de los alijos:
- Pilotos expertos en el manejo de narcolanchas semirrígidas.
- Equipos de vigilancia y abastecimiento de combustible.
- Porteadores encargados de la descarga en la playa.
- Responsables de "guarderías", que son los lugares seguros donde se oculta la droga antes de su distribución final.
Incautación masiva en la costa de Nerja
Uno de los momentos determinantes de la operación policial ocurrió la medianoche del 29 de diciembre de 2019.
La Guardia Civil detectó una embarcación sospechosa navegando a gran velocidad frente a la costa de Nerja (Málaga). Al verse sorprendidos mientras realizaban el desembarco, los sospechosos intentaron huir a pie desoyendo las señales de los agentes.
No obstante, la intervención culminó con la incautación de 56 fardos de hachís, que sumaron un peso total de 1.581 kilos, con un valor de mercado estimado en más de 2,6 millones de euros.
Peticiones fiscales y multas millonarias
La Fiscalía solicita penas severas para los implicados, que en algunos casos alcanzan los ocho años y medio de prisión.
Además de la privación de libertad, se exige el pago de multas que ascienden hasta los 17 millones de euros por cada acusado, reflejando la magnitud económica de la actividad ilícita.
El caso se sustenta en evidencias sólidas obtenidas mediante dispositivos de seguimiento y escuchas telefónicas autorizadas judicialmente que permitieron determinar el modus operandi del grupo.
