La Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz con sede en Ceuta ha dejado visto para sentencia el juicio celebrado contra cuatro personas acusadas de un presunto delito continuado de estafa relacionado con la frustrada compraventa de una vivienda.
El Ministerio Fiscal sostiene que los acusados actuaron de forma concertada para obtener importantes cantidades de dinero de la víctima sin que finalmente se formalizara la transmisión del inmueble.
La vista oral comenzó con la reproducción de un vídeo aportado por el denunciante, en el que aparece uno de los acusados recibiendo un sobre que, según la versión de la acusación, contenía 15.000 euros en efectivo.
Este material audiovisual fue uno de los primeros elementos analizados por el tribunal antes de iniciarse la práctica de la prueba testifical.
El primero en declarar fue el denunciante, quien explicó que conocía a dos de los acusados desde hacía años, ya que había trabajado para ellos como churrero durante aproximadamente un año y también había realizado obras de mejora en una de sus viviendas durante un mes.
La versión de la víctima
Según relató, fue él quien pidió ayuda a uno de los acusados para encontrar una vivienda. Posteriormente fue citado en una cafetería situada en la avenida Juan Carlos I, donde conoció a los otros dos acusados implicados en la operación inmobiliaria.
La víctima manifestó que el precio inicialmente acordado para la compra del inmueble ascendía a 52.500 euros.
Durante su declaración insistió en que carece de los conocimientos jurídicos y administrativos necesarios para comprender plenamente los trámites exigidos en España para la adquisición de una vivienda, circunstancia que, según sostuvo, fue aprovechada por los acusados.
El denunciante aseguró haber entregado inicialmente 6.000 euros como señal o entrada y afirmó que, a lo largo del proceso, llegó a desembolsar un total de aproximadamente 78.000 euros mediante transferencias, pagos por Bizum y entregas de efectivo realizadas a distintos acusados.
Pagos sin recibos
La compraventa nunca llegó a formalizarse ante notario, pese a que, según la versión de la víctima, había cumplido con todas las obligaciones económicas que le correspondían como comprador.
Durante su declaración detalló distintos pagos realizados a cada uno de los cuatro acusados, aunque en algunos momentos mostró dificultades para precisar fechas y cantidades.
La complejidad de la declaración llevó al tribunal a solicitarle en varias ocasiones que concretara determinados extremos relacionados con los pagos efectuados.
El denunciante reconoció encontrarse muy nervioso durante su comparecencia, circunstancia que atribuyó a las dificultades para explicar con claridad todos los movimientos económicos realizados.
Asimismo, afirmó que nunca recibió recibos o justificantes de las cantidades entregadas pese a haberlos solicitado reiteradamente. Precisamente por esa falta de documentación, explicó que decidió grabar el vídeo reproducido al inicio de la vista.
Amenazas y pérdida del dinero
El perjudicado sostuvo que, cuando comenzó a sospechar que había sido engañado, intentó contactar con los acusados para reclamar explicaciones. Según declaró, todos ellos fueron dándole largas y uno de ellos incluso llegó a cambiar de número de teléfono.
También denunció haber recibido amenazas relacionadas con su situación administrativa en España.
Según su testimonio, algunos de los acusados le habrían advertido de que harían todo lo posible para retirarle la documentación necesaria para residir legalmente en el país.
Preguntado sobre por qué llegó a entregar cerca de 80.000 euros cuando el precio pactado de la vivienda rondaba los 52.500 euros, explicó que uno de los acusados le aseguró que el dinero previamente entregado a otro de ellos ya no podría recuperarlo.
Ante el temor de perder tanto las cantidades abonadas como la posibilidad de adquirir la vivienda, afirmó que accedió a realizar nuevos pagos.
La defensa cuestiona la capacidad económica
Las defensas pusieron en duda la versión ofrecida por el denunciante, especialmente en relación con el origen de las importantes cantidades entregadas en efectivo.
Los letrados destacaron que el perjudicado percibía un salario aproximado de 1.000 euros mensuales, cuestionando así cómo pudo reunir el dinero que asegura haber entregado.
Posteriormente declaró el hermano del denunciante, quien manifestó haber trabajado junto a él en unas obras realizadas para uno de los acusados.
El testigo confirmó que sabía que su hermano había entregado dinero para comprar una vivienda, aunque reconoció desconocer los detalles concretos de la operación.
La siguiente declaración correspondió a un trabajador de una asesoría que tuvo conocimiento de la operación.
Explicó que conocía al denunciante únicamente por su condición de trabajador y que acudió a consultarle tras firmar un contrato de compraventa.
Las dudas del asesor
Este testigo indicó que el contrato establecía un plazo de apenas un mes para formalizar la operación.
Según explicó, tratándose de un comprador extranjero, los trámites necesarios para obtener la autorización administrativa correspondiente suelen prolongarse alrededor de tres meses, lo que ya le hizo sospechar de la viabilidad del acuerdo.
El asesor señaló que examinó parte de la documentación y que el denunciante le informó de la existencia de numerosos pagos en efectivo y de trabajos realizados para uno de los implicados.
También declaró haber revisado una escritura relacionada con la operación y aseguró que detectó diversos aspectos que consideró extraños, especialmente en lo referente a los plazos fijados.
Asimismo, afirmó que intentó organizar una reunión en su despacho con quien supuestamente era el propietario de la vivienda.
Según indicó, este aceptó inicialmente acudir, aunque finalmente nunca se presentó. El testigo concluyó afirmando que, por su experiencia profesional, la operación le pareció sospechosa desde el principio.
La versión de los acusados
Uno de los acusados, identificado como N.L.S., declaró que mantenía una relación de amistad con el denunciante desde hacía unos quince años. Confirmó que la víctima había trabajado tanto en su vivienda como en la cafetería de su esposa y aseguró que existía una relación de confianza entre ambos.
Reconoció haber actuado como intermediario para facilitar la compra de la vivienda al conocer que otro de los acusados pretendía venderla. Sin embargo, afirmó que nunca comprobó personalmente la titularidad del inmueble porque entendía que pertenecía a su propietario aparente.
N.L.S. negó haber recibido dinero destinado a la compra de la vivienda. Según su versión, las cantidades percibidas estaban relacionadas con gestiones para ayudar al denunciante a obtener permisos de residencia y con una comisión por intermediación inmobiliaria.
La polémica comisión
Respecto al vídeo reproducido durante el juicio, sostuvo que el sobre contenía únicamente 600 euros y no los 15.000 euros que afirma la acusación. Añadió que esa cantidad estaba relacionada con gestiones administrativas y no con la operación inmobiliaria.
El acusado reconoció haber percibido 6.000 euros por su labor como intermediario. Al ser preguntado por el importe de dicha comisión, respondió que se justificaba porque había conseguido localizar una vivienda a un precio muy inferior al habitual en el mercado.
Asimismo, aseguró que la compraventa no llegó a realizarse porque el comprador no consiguió reunir la totalidad del dinero pactado. Según declaró, fue precisamente el denunciante quien incumplió el contrato de arras suscrito entre las partes.
Tres contratos de arras
N.L.S. afirmó que el propio denunciante aportó el contrato de arras y explicó que llegaron a firmarse hasta tres documentos diferentes debido a las sucesivas prórrogas concedidas para que pudiera reunir el dinero necesario.
La esposa de este acusado, R.E.B., respaldó esencialmente la misma versión. Confirmó que conocía al denunciante por su amistad con su marido y por los trabajos que había realizado tanto en su vivienda como en su negocio.
La mujer también sostuvo que los 6.000 euros percibidos correspondían a labores de intermediación y negó categóricamente haber amenazado al denunciante o haber intentado perjudicar su situación administrativa en España.
El supuesto propietario del inmueble
Otro de los acusados, J.S.L.B., señalado como propietario de la vivienda, explicó que inicialmente existían problemas registrales relacionados con la titularidad del inmueble.
Según indicó, la vivienda procedía de una herencia y estaba inmersa en trámites para su correcta inscripción en el Registro de la Propiedad.
No obstante, aseguró que siempre fue el legítimo propietario y que el inmueble carecía de cargas. Añadió que las incidencias registrales quedaron resueltas posteriormente, circunstancia que reflejaba la nota simple incorporada a la causa.
Este acusado confirmó la existencia de hasta tres contratos de arras y explicó que uno de los ingresos fue recibido por la última acusada porque él tenía temporalmente bloqueada su cuenta bancaria.
"Si quieres denunciarme, hazlo"
Durante su declaración reconoció haber enviado un mensaje al denunciante comunicándole que había vendido la vivienda a otra persona y añadiendo que, si deseaba denunciarle, podía hacerlo.
Según explicó, dicho mensaje fue enviado tras meses de conversaciones infructuosas porque el comprador seguía sin disponer del dinero necesario para cerrar la operación.
También negó cualquier intención de engañar a la víctima y sostuvo que la compraventa no se materializó exclusivamente por el incumplimiento económico del comprador.
Por su parte, la última acusada, H.A.E.K., confirmó haber recibido parte del dinero en su cuenta bancaria debido a los problemas que, según afirmó, tenía el supuesto propietario con su entidad financiera. Declaró que posteriormente transfirió esas cantidades a quien correspondía.
Peticiones finales
Tras la práctica de toda la prueba, el Ministerio Fiscal mantuvo íntegramente su escrito de acusación.
Considera que los hechos son constitutivos de un delito continuado de estafa y solicita para cada uno de los acusados una pena de 6 años de prisión, multa de 12 meses con una cuota diaria de 12 euros, la aplicación de la responsabilidad personal subsidiaria prevista en el artículo 53 del Código Penal en caso de impago.
La Fiscalía reclama además que los cuatro acusados indemnicen conjunta y solidariamente a la víctima con 78.000 euros, cantidad que considera coincidente con el perjuicio económico sufrido.
Las defensas, por el contrario, solicitaron la libre absolución de sus representados al entender que durante el juicio ha quedado acreditado que no existió engaño alguno y que fue el propio denunciante quien incumplió las condiciones pactadas para la adquisición de la vivienda. Con ello, el procedimiento quedó visto para sentencia.
