A escasos días de que se celebre el juicio contra quien fuera delegada del Gobierno en Ceuta, Salvadora Mateos, y la vicepresidenta del Ejecutivo local, Mabel Deu, por la devolución de 55 menores marroquíes en agosto de 2021 a su país, el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, ha mostrado su “total apoyo” a quien fue su número 2 en el Gobierno.
Vivas ha resaltado en una comparecencia ante los medios de comunicación que, al margen de confiar plenamente en jueces y fiscales, está “convencido” de la inocencia de la “señora Deu”.
Y lo está porque “lo viví de cerca y sé que actuó de buena fe”, ha resaltado Vivas.
“Desde entonces hasta ahora han ocurrido cosas que indudablemente han significado incorporaciones relevantes”, ha apuntado. “Confío plenamente en la justicia, sin ninguna duda, en la imparcialidad de jueces y fiscales, pero estoy convencido de la inocencia de la señora Deu porque lo viví de cerca y sé que actuó de buena fe, a favor del interés del menor, en colaboración con la otra administración, con transparencia, creyendo que era lo correcto”.
Verano de 2021, un periodo difícil
Aquel verano de 2021, entraron en Ceuta miles de marroquíes, la amplia mayoría menores de edad, en lo que fue una auténtica crisis entre España y Marruecos. Eso sucedió en mayo, meses después se organizarían traslados de menores a su país, amparados por el Gobierno central.
Esos son los que se consideraron ilegales y los que ahora se juzgarán tras denuncias presentadas por oenegés.
El Supremo confirmaría en un auto, en enero de 2024, que se incurrió en una ilegalidad, rechazando así los recursos que presentó la Ciudad y el Estado, resaltando que se obvió la legislación española y la normativa internacional.
“Se actuó en un momento difícil, de emergencia humanitaria, en uno de los momentos más difíciles de la historia reciente de Ceuta. Estoy convencido de la inocencia de Deu, no estuvo sola entonces, tampoco ahora, porque cuenta con mi total apoyo”, ha recalcado Vivas.
Por qué se termina en la Audiencia
Tanto Deu como Mateos se sentarán en el banquillo de los acusados por un delito continuado de prevaricación administrativa. Y lo harán la semana próxima después de años preñados de recursos ante las distintas instancias que no han impedido que se llegue a la fase estelar que supone la celebración de una vista oral, fijada para el 17 de junio.
“En aquel momento defendimos el retorno porque creímos que era la solución por el interés del menor, el acuerdo entre Marruecos y España era un instrumento jurídico eficaz. Los pronunciamientos judiciales que se han hecho con posterioridad han demostrado que aquel acuerdo está subordinado al reglamento de la ley de extranjería. Ahora defendemos el traslado a la península y la aplicación del real decreto”, ha resaltado Vivas, justificando el ámbito en el que se adoptaron esas decisiones políticas.
El presidente de la Ciudad ha apelado a la presunción de inocencia, insistiendo en que Deu “actuó de buena fe, lo digo porque lo viví”.
Leyes que son “interpretables”
Vivas ha dejado claro también que “las leyes son interpretables. Un error en la interpretación de la ley no es un delito. Para que lo sea se tienen que dar dos circunstancias: intención de delinquir y una infracción grosera del ordenamiento jurídico”, elementos que no se dan en esta causa, tal y como ha valorado el propio dirigente local.
Entonces, año 2021, “era interpretable si se podía aplicar el acuerdo con Marruecos. Hoy no lo es porque lo dice el Supremo”.
La Fiscalía pide para las dos expolíticas una pena de 12 años de inhabilitación especial para el ejercicio de cargos electivos a cualquier escala (nacional, autonómica o local) y para ocupar funciones de gobierno, así como la “pérdida de los honores” asociados a las responsabilidades públicas que ocuparon.
Lo mismo solicita la acusación particular que ejerce la Asociación para el Desarrollo Integral L’Escola, mientras que la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado eleva su solicitud de penas a 15 años y la extiende tanto a cargo como a empleo público.
Y mientras tanto Puigdemont fugado de la justicia española, en una país de la Unión Europea, y a ese no lo devuelven para que sea encarcelado por traición y malversación. Después querrán que votemos. ¡Anda ya!.
Y como es que están solamente ellas investigadas?
Donde están los mandos policiales que cumplieron con lo indicado por los cargos politicos?
De quien es potestad el abrir las puertas de la frontera para la devolución?
Leyes que no son justas por el mero hecho de ser ley. Con sus padres es donde deben de estar. Acoger por el vicio de acoger es ilógico. De que huyen? Quién y porque los persiguen? Preguntas sin respuestas porque no las tienen. Las excusan que dan sin tan variopintas que causan más gracia que "pena". A sus casas con sus padres.
Lo correcto es devolver a esos menores con sus padres y familias, en el pasado, presente y futuro. Y si no tienen padre y/o familia, el estado marroquí debe ser quien ejerza la tutela y dejar de construir el estado más grande del mundo para el fútbol y dedicar ese dinero a proteger a su población. Ni Ceuta, ni España ni Europa, debemos ser el contenedor para solucionar los problemas de Marruecos.