La joya de la corona contra el tráfico de drogas llega mermada a la Audiencia

Semana decisiva en la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta para los 30 procesados en la denominada Operación Monte, la mayor causa contra el narcotráfico que llega al ámbito judicial y que, en esta ocasión, viene marcada por una cuestión decisiva: la declaración de ilicitud de la prueba base de todo el operativo, tal y como se recogió en un auto adelantado por El Faro de Ceuta.

Entre los acusados figuran tres agentes de la Guardia Civil. La Audiencia ha previsto jornadas de sesiones orales para este lunes y martes, reservando el miércoles para los informes. Al igual que en noviembre, cuando se reservó un día exclusivamente para plantear las cuestiones previas, el juicio será seguido por los medios de comunicación a través de un canal alternativo de youtube, sin permitirse su presencia en la sala completamente ocupada por los acusados, abogados, tribunal y Fiscalía.

Fue una alternativa experimental al caso Emvicesa para que pueda celebrarse en la sede de la Audiencia, en el Ceuta Center.

El planteamiento de los interrogatorios se ha alterado por completo, toda vez que no se puede formular preguntas sobre asuntos que tengan que ver con todo lo que está considerado nulo y la prueba neurálgica es ilícita. Se trata de la intervención del teléfono móvil del considerado como uno de los cabecillas de una presunta trama de tráfico de hachís empleando camiones para su introducción en la Península.

La clave radica ahora en que prácticamente todo parte de esa intervención. Si sobre prácticamente todo no se puede preguntar porque es como si no existiera, queda un escaso margen de maniobra judicial. Los procesados pueden acogerse a su derecho a no declarar y se interrogará a los testigos que se consideren necesarios para que aporten datos ajenos a lo que se concluyó a partir de esta intervención telefónica.

Las investigaciones se iniciaron en 2015 y en marzo de 2016 se produjeron múltiples arrestos

La Operación Monte se ha venido abajo como un castillo de naipes tras este dictado judicial. Las investigaciones, iniciadas en 2015 con un primer oficio considerado válido en instrucción pero no por la Audiencia, dieron pie a múltiples detenciones en marzo de 2016 tras varios registros efectuados por agentes de la Udyco de la Nacional.

La Audiencia acordó esta semana pasada declarar la ilicitud de toda la prueba obtenida con la observación, escucha y grabación del teléfono de uno de los acusados, declarándose además la ilicitud de toda la prueba obtenida con el examen de los dispositivos, documentos y soportes documentales que fue ordenada en dos autos concretos.

Los 30 acusados y sus correspondientes abogados volverán a ocupar desde hoy la sala de la Audiencia.