El magistrado titular de la sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Ceuta número 2 ha absuelto a Javier Guerrero de los delitos de calumnias e injurias contra el director del centro de La Esperanza.
Con anterioridad, Guerrero también fue absuelto de otro caso similar iniciado tras unas declaraciones del exconsejero del Gobierno a las puertas de la Jefatura Superior de Policía. Y lo fue tanto en el por entonces Juzgado de lo Penal 1 como, después, en la Audiencia.
La absolución dictada ahora por el número 2 será recurrida también ante el órgano judicial superior, la Sección VI.
En sentencia, a cuyo contenido ha tenido acceso El Faro, se declara probado que, en la noche del 30 de septiembre de 2022, Guerrero convocó a la prensa local a las puertas de la Jefatura Superior.
Lo hizo para advertir de que se iba a producir “un nuevo ataque en relación a los menas. Sabemos que es un acoso y derribo contra mí, ya lo dije una vez, que había personas que estaban detrás y espero que algún día saldrá esto a la luz”.
La declaración de hechos probados lleva la absolución de ambos delitos, y que “a ellos se ha llegado partiendo de la salvaguarda del derecho fundamental a la presunción de inocencia proclamado en el artículo 24 de la Constitución Española, con la consiguiente necesidad de una mínima actividad probatoria de cargo en el juicio oral”, expone su señoría.
“Y tras apreciar en conciencia la prueba practicada”, añade, “conforme determina el artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en relación con las garantías prescritas por el artículo 120 de la Constitución Española y en virtud de lo establecido en los artículos 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Nueva York”.
Indica su señoría en sentencia que, en efecto, la realidad de las declaraciones vertidas por el acusado la noche del treinta de septiembre de 2022 fue comentada por aquel a preguntas de su defensa para desgranar las circunstancias en que fueron vertidas.
Así, se aludió a “la ruptura con el Partido Popular y su postulación de Guerrero para la alcaldía de Ceuta, con el consiguiente ataque a su persona y a su relación con el centro de menores como forma de socavar sus aspiraciones”.
Aseveró que sobre los “hechos graves” mentados fue un mero “informador” de todo lo que le participaron por los trabajadores, entre otros. Aclaró también que lo que “descubrió” en relación con los centros de La Esperanza fue lo que los jóvenes le contaban.
Sobre los responsables y “poderes fácticos” aludidos negó haber querido atentar contra el honor de los mismos, pues en tal caso había dado “nombres, fechas y lugares”.
Y en cuanto a la legitimación de su acusador, refirió que también hubo otros trabajadores de los centros que se dieron por “aludidos” cuando mentó en las palabras tenidas en las puertas de la comisaría a los responsables de los centros de La Esperanza.
La absolución se basa en el animus retorquendi, es decir, la réplica a una injuria mediante otro ataque dirigido al que se considera ofensor, por lo que se excluye que haya responsabilidad penal.
Se trata de una figura jurídica que se aplica en casos en los que se han sucedido situaciones acaloradas o discusiones.
En este en cuestión su señoría indica que se habría producido no unas calumnias o injurias sino una intención “de revolverse” frente a lo que el propio Guerrero podría conocer, que estaba siendo investigado por posibles comportamientos inadecuados con menores.
Al médico y expolítico le acusaron de un delito de injurias contra funcionario público -en este caso el director del centro de La Esperanza llamado el de arriba- hechas con publicidad.
Ese 30 de septiembre de 2022, a las puertas de la Jefatura Superior de Policía, Javier Guerrero efectuó una serie de manifestaciones que tanto Fiscalía como Acusación Particular han considerado injuriosas y dirigidas claramente hacia el director del centro de La Esperanza, aunque no lo citara con nombre y apellidos.
En esas manifestaciones, Guerrero habló de que se estaban produciendo coacciones y extorsiones a menores para que hicieran declaraciones contra su persona, a cambio de traslados a la Península. Así también dijo que trabajadores de los centros de menores recibían ofertas de ascensos laborales. Todo ello para que “afirmasen que yo he realizado alguno de esos infames actos que los indecentes poderes de esta ciudad tratan de atribuirme falsamente”.
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