Recientemente conocíamos que la ley trata como “extranjera” a la población de origen marroquí asentada e incluso nacida en Ceuta y Melilla. Esta afirmación se basaba en un estudio realizado por la profesora María del Carmen Burgos Goye, del departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la UGR en el Campus de Melilla, sobre el régimen jurídico de los trabajadores transfronterizos. La autora del estudio ha vertebrado su trabajo en tres apartados: definición, tratamiento legislativo por parte de la legislación europea y nacional, y régimen especial que presentan estos trabajadores en las ciudades autónomas. ‘El Faro’ ha hablado con ella sobre esta cuestión y sobre la migración.
–Usted ha estado investigando durante 9 años sobre los transfronterizos. ¿Qué ha podido comprobar?
–Por ejemplo, que no hay normas laborales que regulen la relación laboral de los transfronterizos, sino normas de Seguridad Social. Evidentemente, la protección en este caso nunca puede ser igual porque no es una norma específica para esa situación.
–¿Dónde sitúa el origen de la problemática?
–Hasta el año 1956 estuvimos con el Protectorado y, claro, no había barreras. Todo el mundo entraba y salía como quería. El problema es que al devolver el Protectorado nosotros continuamos con la idea de que éramos la potencia colonizadora, es decir, que ellos son los pobrecitos y que nosotros seguimos mandando. Eso ha desembocado en que no sabemos convivir. De hecho, no existen acuerdos administrativos con Marruecos. Prácticamente hasta el año 2005 no se comenzó a levantar una frontera de verdad, con un control estricto. Además, yo no comprendo por qué no hay un control real de esa población. Es tan simple como llegar a una hora y obligarles a salir cuando se acaba la jornada laboral, tal y como establece la norma. Aquí el problema es que hay un desbordamiento y no existe ningún control.
–Mucha gente se queja de que los extranjeros tienen más facilidades que los nacionales. ¿Es eso así?
–A los trabajadores transfronterizos siempre se les han recortado las prestaciones sociales. Por ejemplo, no tienen derecho a la educación de sus hijos en España, ni tampoco a la Sanidad. Se supone que sólo se les debe atender en caso de urgencia, aunque sabemos bien que siempre ha habido un acceso libre e ilimitado. Se trata de una población paralela muy importante que va a utilizar unos servicios que no están preparados para atender a tanta gente. La normativa también establece que deberían regresar cada día a Marruecos, pero eso tampoco se cumple. Ahí está la clave. Como no hay un control, ellos se asientan e inmediatamente y piden derechos sociales, pero no tributan. Por ejemplo, en Ceuta se admiten a las empleadas de hogar fijas-discontinuas. Esto es Melilla no ocurre así.
–¿Y no se podría regularizar su situación en España?
–En España ha habido varios procesos de regularización, pero se da la circunstancia de que esta gente no se acoge a esos procesos. El problema es que ellos no se consideran extranjeros. La Ley les ha ofrecido una serie de soluciones, pero ellos no se acogieron porque no lo consideraban idóneo para sus intereses. La última regularización concluyó en mayo de 2005 y en Melilla fueron casi 100 personas las que lo solicitaron y en Ceuta poco más de 60. Ésto pasó porque a ellos lo que les interesa es un proceso de nacionalización, no una regularización. Como comentaba antes sobre las empleadas de hogar, a ellas no se las da de alta en la Seguridad Social, por lo que no les interesa que las regularicen porque así ganan más.
–¿Y la Ley no contempla nada al respecto?
–Es que jamás se ha creado una Ley de Extranjería que señale los derechos y deberes, obligaciones, de todos los inmigrantes. Ocurre entonces que tienen todos los derechos, pero no cumplen con las obligaciones. Insisto en que la Ley ha obviado el tema. De forma un tanto solapada está determinando una serie de obligaciones para los MENA.
–¿Y a los empresarios les sigue compensando contratar a este tipo de trabajadores?
–Actualmente, con el reglamento que entró en vigor el pasado 30 de junio, a los empresarios ya no les conviene contratar a los fronterizos. Hay que tener en cuenta que van a tener que pagarles el desempleo, tienen los mismos derechos que el resto de trabajadores y encima al empresario lo incentivan más si contrata a gente que viva en su territorio. Yo creo que sería ideal que se crearan unas especie de contratos de grupo. Eso es lo mismo que se hace en Gibraltar. De esta forma, los trabajadores no adquieren los derechos políticos ni de otra índole. Simplemente se les reforzarían los derechos laborales y sociales. En Gibraltar van a trabajar y cuando se les acaba el contrato los mandan a sus casas de nuevo.
–¿Y cómo se puede solucionar realmente esta situación?
–Yo opino que todo pasa por la cooperación y el reconocimiento de la vecindad, y todo ello pasa por llegar a un acuerdo con Marruecos para poder establecer una serie de marcos y espacios concretos sobre los que trabajar y alcanzar acuerdos específicos. Los vecinos están obligados a llevarse bien, les guste o no, y eso hay que saber aceptarlo. Todo pasa por alcanzar acuerdos. Ahora mismo, cada vez que hay cualquier problema se recurre rápidamente a la solicitud de ‘devolución’ de Ceuta y Melilla, cuando eso no lleva a nada y sólo sirve para hacer presión desviando la atención sobre los temas que realmente interesa hablar. A pesar de todo, yo creo que el de los transfronterizos es un tema que con la liberación de la economía que va a vivir Marruecos yo pienso que irá disminuyendo, si no termina siendo absorbidos, aunque siempre cabe la posibilidad de que siga incrementándose el número de irregulares.
