La Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha emitido un informe derivado de un oficio remitido por la Delegación del Gobierno en Ceuta (Área de Trabajo e Inmigración) en el que detecta “deficiencias legales” en el Convenio Colectivo de la empresa Servicios de Limpieza Pública de Ceuta (Servilimpce).
Por eso, se prevé que este martes haya una reunión entre el Comité de Empresa de Servilimpce y los sindicatos para llevar a cabo la rectificación de esos puntos.
El informe constata, en primer término, que el convenio cumple con el contenido mínimo obligatorio exigido por el artículo 85.3 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 2/2015). Sin embargo, introduce diversas advertencias sobre aspectos concretos que, a juicio de la Inspección, requieren modificación o mayor precisión.
Entre las principales observaciones figuran cuestiones relacionadas con la igualdad de género, la jornada laboral, las horas extraordinarias, las vacaciones, las licencias y la prevención de riesgos laborales, entre otras materias.
Aunque el convenio recoge los permisos y licencias estatutarias vinculadas a la conciliación, la Inspección señala la ausencia de medidas específicas dirigidas a promover la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.
“El texto tampoco incluye referencias concretas a la prevención del acoso sexual y por razón de sexo, ni establece procedimientos específicos para canalizar denuncias, lo que motiva la recomendación expresa de incorporar protocolos claros en esta materia”.
Asimismo, se advierte la omisión de la obligación legal de negociar protocolos frente a catástrofes y fenómenos meteorológicos adversos, exigencia actualmente recogida en el artículo 85.1 del Estatuto.
En relación con el ámbito temporal, la Inspección detecta que el artículo 3 no contempla expresamente la denuncia del convenio, cuestión determinante conforme al artículo 86 del Estatuto.
Además, considera contraria a la norma la cláusula que establece que todos los artículos se mantendrán en vigor hasta la firma de uno nuevo, con independencia de la vigencia temporal pactada. El artículo 86.3 del Estatuto emplea el término imperativo ‘decaerán’, por lo que la redacción convencional podría vulnerar “el régimen legal de ultraactividad”.
El artículo 11 regula un ‘plus de reasignación urgente de turno’ sin describir con precisión el supuesto que lo genera, lo que, según el informe, puede dar lugar a “incertidumbre jurídica o aplicación discrecional”.
Respecto a las horas extraordinarias, la redacción del artículo 18 podría entrar en conflicto con el artículo 35 del Estatuto, especialmente en la distinción entre horas de fuerza mayor y horas voluntarias. “La consideración como voluntarias de determinadas intervenciones urgentes, siniestros o averías, podría afectar al cómputo anual y a la cotización”.
El análisis del artículo 21 revela posibles vulneraciones del principio de igualdad. El mantenimiento de jornada de lunes a viernes como ‘condición más beneficiosa’ se reconoce solo al personal indefinido a jornada completa, excluyendo inicialmente a quienes eran indefinidos a tiempo parcial.
La Inspección recuerda que el artículo 12.4 del Estatuto establece que las personas trabajadoras a tiempo parcial deben gozar de los mismos derechos que las de tiempo completo, por lo que esta diferenciación podría resultar discriminatoria.
También se cuestiona la redacción de la Disposición Transitoria Primera, que podría interpretarse como una conversión obligatoria de contratos, cuando la ley establece expresamente que dicha conversión debe tener siempre carácter voluntario.
El artículo 22 permite fraccionar las vacaciones en dos períodos de 15 o 16 días o disfrutarlas de forma conjunta, condicionando esta última opción al consentimiento empresarial. La Inspección recuerda que la fijación de vacaciones debe basarse en el principio de acuerdo entre empresa y trabajador, sin imposiciones unilaterales.
Además, advierte que una interpretación rígida del fraccionamiento podría vulnerar el derecho a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, en línea con reciente jurisprudencia.
El informe detecta deficiencias técnicas en la regulación de las licencias por fallecimiento, así como en otros permisos recogidos en el artículo 24, cuya redacción resulta confusa o reiterativa respecto a lo previsto en el artículo 37 del Estatuto.
Especial relevancia adquiere la regulación de los reconocimientos médicos. La Inspección subraya que el principio de gratuidad en materia de seguridad y salud implica que estas pruebas, aunque sean voluntarias, no deben suponer carga alguna para el trabajador y, si se realizan fuera de jornada, deben compensarse adecuadamente.
También se recomienda sustituir el término ‘paternidad’ por la denominación legal vigente de ‘nacimiento y cuidado del menor’, así como ajustar la regulación sobre reducción de jornada a lo dispuesto en la normativa estatal.
En el apartado relativo a la ‘Ayuda a Discapacitados/as Físicos y Psíquicos’, se insta a emplear la expresión ‘persona con discapacidad’, conforme a la Convención de la ONU de 2006, priorizando un lenguaje respetuoso y no discriminatorio. Asimismo, se propone extender determinados derechos a las parejas de hecho.
El artículo 45 incluye una referencia al Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), que la Inspección considera improcedente dado que el ámbito personal del convenio se rige por el Estatuto de los Trabajadores. También recuerda que la contratación temporal debe ajustarse a las causas tasadas del artículo 15.
Por último, el artículo 50 condiciona la paralización de la actividad por riesgo grave a la existencia de informes técnicos previos, lo que contradice el artículo 21.3 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que permite a los representantes de los trabajadores acordar dicha paralización de forma inmediata ante riesgo grave e inminente.
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