Los ceutíes elevaron durante el pasado año 78 quejas al Defensor del Pueblo en otros tantos casos en los que consideraron que se vulneraban derechos fundamentales o libertades públicas. El dato supone un bajo porcentaje si se tienen en cuenta el total de peticiones de actuación recibidas durante el pasado ejercicio en todo el país, 31.452 expedientes. Sin embargo, son 20 quejas más que en 2021 en Ceuta, cuando se registraron 58.
El Informe anual de 2022 recoge, además de los datos estadísticos, un listado con los asuntos más destacados en los que ha intervenido la institución, y la actividad por áreas de supervisión a las administraciones públicas.
Concretamente en Ceuta, la institución ha intervenido en 37 expedientes relacionados con la inmigración, mientras que otras 6 quejas han tenido que ver con la Administración de Justicia y otras 5 con Educación. Las quejas relacionadas con el Centro Penitenciario de Mendizábal (que sale muy bien parado en el análisis de sus protocolos de igualdad, revisión de salud, violencia de género…) han sido un total de 4, mientras que 3 eran por "asuntos exteriores" y otras 2 por "asuntos de Interior".
En lo referente al empleo, el organismo de Ángel Gabilondo ha sumado 2 quejas relaciones con el trabajo de la Seguridad Social en Ceuta y otras dos sobre "empleos públicos", misma cifra que las mismas han sido sobre servicios públicos y esenciales.
El resto de disconformidades, todas con una sola queja, han sido en el área de Vivienda, Sanidad, Urbanismo, Cultura y Asilo, entre otras.
A finales de 2022, el Defensor del Pueblo comenzó a investigar ante las diferentes administraciones las "condiciones generales que están dando lugar a serios problemas" en Atención Primaria de salud. También se pidió información a todas las comunidades autónomas y a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla sobre las medidas destinadas a dimensionar debidamente las plantillas de los equipos de Atención Primaria y los datos sobre las condiciones de presión asistencial y sobre la demanda no atendida en un tiempo razonable.
Sobre Medio Ambiente, en opinión de la institución resulta preciso impulsar la elaboración del censo y determinar las edificaciones y lugares de carácter público con mayor riesgo. Por ello, ha sugerido a las consejerías de Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha, Ceuta, Comunidad de Madrid, La Rioja y la Región de Murcia que adopten las medidas necesarias para agilizar el cumplimiento de las obligaciones previstas y que establezcan criterios orientativos para la elaboración del inventario y el calendario de retirada.
El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha registrado este lunes en las Cortes Generales el Informe Anual de la actividad de la institución en 2022 y ha hecho entrega del mismo a la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet. Este es el primer informe que presenta Ángel Gabilondo sobre la actividad de un año al frente de la institución. El pasado año lo hizo sobre la labor efectuada por el equipo anterior.
Los motivos de disconformidad, en la ciudad y en todo el país, son parecidos a los de años anteriores: problemas con la Administración o la Agencia Tributaria, reclamaciones sobre desahucios, o protestas vinculadas a la digitalización, entre otras.
Según Ángel Gabilondo, los ciudadanos han insistido con sus quejas, entre otras cosas, en que las administraciones "deben reforzar la sanidad y los servicios públicos esenciales por ser éstos fundamentales en un estado de derecho robusto, justo y solidario".
"También que los procesos de digitalización han de ser compatibles con la asistencia presencial para personas que, por determinadas circunstancias, tienen dificultad para acceder a la comunicación virtual u online", ha proseguido.
En este mismo sentido, ha recordado que "han sido cuantiosas las quejas recibidas por la dificultad" a la que se enfrentan los ciudadanos a la hora de conseguir cita en oficinas de la Seguridad Social y en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). "Se ha de resaltar, por tanto, que la ciudadanía expresa su preocupación no solo por problemas concretos sino por las dificultades -demoras, dilaciones, retrasos…-, que tiene para acceder a las distintas administraciones para intentar resolverlos".
Por procedencia geográfica, el mayor número de quejas llegaron de la Comunidad de Madrid (7.780), Andalucía (3.394), Comunidad Valenciana (3.154) y Cataluña (2.975). Se repite la situación de 2021 cuando estas cuatro comunidades ocuparon, en este mismo orden, la misma posición en el ranking.
El Defensor del Pueblo, en cumplimiento de sus obligaciones, responde a las inquietudes ciudadanas que, en forma de queja, se registran en la institución cuando consideran vulnerados sus derechos fundamentales por parte de alguna administración y “desde aquí trabajamos para que éstas -las administraciones- subsanen o enmienden situaciones en las que se hayan podido lesionar derechos constitucionales”.
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