Hasta ahora, ningún enfermo demandó la dispensación de los tratamientos de última generación.
En plena polémica por los tratamientos para la hepatitis C y las protestas de los afectados que denuncian retrasos en la administración de los fármacos de última generación que se están autorizando –cuya eficacia supera el 90 por ciento–, el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria en Ceuta (Ingesa) calculó ayer que en la actualidad atiende a 11 pacientes en distintos estadios de la enfermedad. Grupo al que, en el transcurso de 2015, podrían sumarse entre siete y ocho casos más que están pendientes de los resultados de la analítica, de modo que rondaría la veintena de usuarios con tratamiento específico.
De los 11 diagnosticados, cinco reciben el triple tratamiento antirretroviral y al mismo número se le suministra el doble tratamiento. La triple terapia implica que la dolencia es más grave porque se ha convertido en crónica, lo cual se traduce en dos o tres ceutíes de los 800 registrados en España. Completa el listado local una situación especial porque en ese paciente confluye otra patología.
Sobre la incidencia de la hepatitis C en la ciudad, Fernando Pérez-Padilla, director territorial, explicó que el Plan Estratégico Nacional para el Abordaje de la Hepatitis C contempla entre sus líneas de actuación la creación de un registro de pacientes con la enfermedad para seguir su evolución. Una actuación que emprenderá en colaboración con las comunidades autónomas a partir de los datos que Ingesa proporcione a la Consejería de Sanidad de la Ciudad Autónoma, institución que asistirá a las reuniones que prepara el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
“Carecemos de datos del resto de autonomías y, por tanto, no podemos saber si la incidencia de la hepatitis C es alta o baja, aunque entendemos que se situará en un rango medio ya que tenemos un número bajo de pacientes en comparación con otras regiones y las cifras no son comparables”, argumentó este portavoz.
Hasta el momento, precisó Pérez-Padilla, ningún paciente solicitó recibir los nuevos fármacos fuera de la cartera de servicios. Para su dispensación, Ingesa se mantiene a la espera de que la comisión de expertos creada por el Ministerio establezca con criterios científico-clínicos y las prioridades terapéuticas. Sin embargo, añadió, Ingesa cuenta con otro mecanismo para que los pacientes accedan a estos medicamentos: una comisión hospitalaria que se reúne a petición del especialista local en el Aparato Digestivo quien propone a un paciente para uno de estos nuevos tratamientos basándose en evidencias científicas, la gravedad y otros informes.
La aplicación del copago hospitalario a estos fármacos, en el aire
Ceuta y Melilla son las dos únicas autonomías que aplican el copago hospitalario desde su entrada en vigor hace más de un año. Una medida de la que no escapan los usuarios con hepatitis C, como confirmó ayer Ingesa, ya que tienen que desembolsar un máximo de 4,26 euros –por envase– del precio total del tratamiento con el que combaten su enfermedad. Y los nuevos fármacos, ¿pasarán a engrosar el listado de aquellos a cuyos destinatarios se les cobra ese 10 por ciento en la farmacia del Hospital Universitario?
El director territorial en Ceuta, Fernando Pérez-Padilla, consideró que estos últimos deben dispensarse de forma gratuita en la farmacia hospitalaria “a no ser que se administren fuera del Hospital, a personas ajenas al Sistema Nacional de Salud o por lo privado”. Sin embargo, subrayó el portavoz, este aspecto está aún por concretar y tendrá que contar con las particularidades de la ciudad puesto que los pacientes de ambas ciudades autónomas son los únicos en sufragar parte de los medicamentos que contiene un listado con 43 ‘remedios’.
Pérez-Padilla distinguió entre los productos de la farmacia hospitalaria, los cuales son gratuitos porque se administran en el clínico de Loma Colmenar; y aquellos de uso no hospitalario con características especiales de conservación, de custodia o que no se despachan en las oficinas de farmacia, por los que los usuarios tienen que aportar un máximo del 10 por ciento del precio del fármaco.
