En 1995 España asumió el Pacto de Toledo como la hoja de ruta para lograr la ansiada estabilidad financiera del sistema de Seguridad Social, mediante la introducción de importantes cambios; entre los cuales se encuentra el siguiente: “Creación de un sistema de financiación independiente para la Sanidad Pública que no está vinculado con las cotizaciones a la Seguridad Social y poder hacer efectivo realmente el derecho de acceso a la sanidad y asistencia sanitaria universal.”
Es decir, que desde esta fragmentación, la sanidad pública no depende ni económica ni jurídicamente de la seguridad social. Lo único que quedó vinculado, para mejorar los sistemas de protección y acceso universal a la salud, fue que el núm. de la afiliación a la Seguridad Social y el del sistema Sanitario, que sigue siendo es el mismo en ambos casos.
Hasta aquí, todo más o menos claro, las dudas me surgen, cuando me doy cuenta que aun existiendo esta desvinculación presupuestaria entre la Seguridad Social y la Sanidad pública, es requisito imprescindible ser pensionista, o estar de alta en la seguridad social (ósea trabajar legalmente o percibir una prestación de desempleo), para ser titular de la Tarjeta sanitaria y por lo tanto del derecho universal a la sanidad pública. En el caso de no estar cotizando (parado sin prestación), tendrías necesariamente que ser beneficiario de un familiar, acreditándolo con la documentación válida para ello, como por ejemplo el certificado de convivencia, empadronamiento familia y/o libro de familia.
Una de las cosas que me pregunto es que si la sanidad es Universal para toda la población española, y si además, no se paga con dinero de la seguridad social, sino con impuestos directos, ¿por qué sigue existiendo en este país, (a excepción de algunas comunidades como Andalucía) la tarjeta de beneficiario? ¿ Por qué no tenemos el derecho a una Tarjeta propia con independencia de la situación laboral?
Mientras indagaba sobre este hecho, que me sigue “rechinando”, mi sorpresa e indignación iba en aumento, porque mientras navegaba por internet, para documentarme a través de la legislación vigente, me encontré con una carta del Defensor del Pueblo en la que decía; que […]“Transcurridos 23 años desde que se aprobó la ley general de sanidad, todavía no es plenamente efectiva la universalización de la asistencia sanitaria pública”
Para mí ya es indignante que según donde vivas, varíe la situación de Titular o Beneficiario de la tarjeta sanitaria,(por cierto imprescindible para la atención primaria, es decir para visitar al médico de cabecera,) y que cada vez que tu situación cambie, te den de baja o alta, lo que conlleva realizar la solicitud de una tarjeta sanitaria nueva, y la espera de los seis meses que están tardando en enviarte a casa; mientras tanto, te las apañas con un papelote tamaño folio te tendrás que presentar cada vez que vas al médico. Dependiendo también de en que CCAA vivas, te encuentras con las diferencias en cuestión de prestaciones que existen entre las distintas comunidades, pero es cuestión de competencias. Como os iba diciendo, todo esto ya me tenia indignada, pero al seguir leyendo al Defensor del Pueblo, descubro que existen nada más y nada menos que 276.000 españoles y españolas (el 0,6 por cierto de la población) que no tiene un servicio universal de asistencia sanitaria, mayoritariamente pertenecen al colectivo de autónomos que cierran su negocio, y después quieren vendernos la moto del autoempleo; no sé qué pensareis, desde luego para mí, es algo intolerable, y a mi entender, una vulneración a los derechos que promulga el art. 43 de la Constitución española.
En la citada carta del Defensor del pueblo que es de febrero del año en curso, también reconoce que se han enviado recomendaciones al Ministerio de Sanidad para que se tomen las medidas legales oportunas garantizando los derechos reconocidos en nuestra Constitución y en la legislación vigente en la materia. Espero que se las hagan llegar a la nueva Ministra de Sanidad Leire Pajín para que haga los deberes y solucione, más pronto que tarde, las deficiencias que tiene la Sanidad Pública Española, porque falta nos hace.
