La historia de Abdelali: sin cuidados para su discapacidad tras su expulsión

Abdelali Lourida está de vuelta en su casa en El Jadida, Marruecos. Sin embargo, este regreso no es parte de un final feliz. Como tantos otros que cruzan a nado hasta llegar a Ceuta, el joven llegó a España en busca de mejores oportunidades. Se topó, en cambio, con el accidente que daría un vuelco radical a su vida. Perdió sus piernas tras ser arrollado por un tren en 2021.

Reside con su hermana en condiciones precarias, una situación fruto de su reciente expulsión del país. Una vez que se hizo efectiva el pasado 8 de enero, dejó de tener acceso a un tratamiento adecuado. Precisa de curas todos los días, así como de equipos y medicamentos que lo ayuden a sobrellevar sus dolencias.

“A raíz del incidente que sufrió en Barcelona, padece de una enfermedad degenerativa en la piel que le causa pus e inflamaciones que pueden convertirse rápidamente en septicemia. Este le generó también un impacto psicológico considerable”, relata su allegada a través de un certificado de pobreza en el que trata de exponer sus dificultades para darle la atención que requiere.

Pocos medios

Esta mujer ya tiene a su cargo a cuatro hijos y se gana el pan con trabajos de limpieza por los que tan solo percibe siete euros por jornada. No obtiene otros ingresos ni apoyos financieros de ninguna clase, tal y como indica en este documento al que ha tenido acceso El Faro.

“Emocionalmente estoy peor desde que lo veo así. No posee dignidad para formar una familia y no puede ni quiera ir al baño por sí mismo. Nos sentimos incapaces de ayudarlo. Apenas tenemos lo suficiente para comer y beber”, expone en el escrito. “No tengo opciones para satisfacer sus necesidades. No tengo ingresos, no puedo acompañarlo al hospital ni puedo pagar las facturas”, detalla.

Su defensa trata de buscar una posición más favorable para este varón que, mientras permanecía en territorio nacional, sí pudo recibir prestaciones para sus afecciones. Fue paciente del hospital de Vall d´Hebrón durante tres años. Más tarde, ocho meses después fue tratado en el Hospital Puerta del Mar.

Entiende que este giro de 180 grados en su vida debe ser reconsiderado ya que su regreso a su tierra natal tiene una serie de consecuencias que son determinantes para su estado. Son varias las solicitudes y recursos los que ha interpuesto en un intento de que la justicia tenga en cuenta su complejo contexto.

Expulsión

Abdelali dejó de estar medicalizado en el último centro sanitario no por voluntad propia. Sobre él recaía desde hacía un tiempo una orden de expulsión que se hizo efectiva cuando fue localizado en el mismo. Este mandato parte de una condena por el robo de un teléfono en la vía pública. El implicado, tiempo antes de quedar totalmente incapacitado, fue objeto de un proceso judicial por este motivo que resultó en una sentencia.

A partir de la misma se dictó diecisiete meses de prisión que, finalmente, fueron sustituidas por la decisión de evacuarlo de España. Los distintos autos y documentos relacionados con su expediente consultados por este periódico desprenden que el joven no puede volver a la Península en un plazo inferior a cinco años.

Emitida esta sanción, antes de que se materializara, la parte que lo representa entregó una solicitud en la que apeló a que este mandato queda pendiente de la formalización del recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Es este el motivo por el que estimó que, a su criterio, la ejecución de la deportación podría ser “una privación de su derecho a la tutela judicial efectiva”.

A estos argumentos se añadió que su internamiento en el Centro de internamiento de extranjeros y su reclusión en el centro penitenciario Brians II previo a su partida a Marruecos eran “incompatibles” con su situación y que, finalmente, su vuelta “la agravaría” al quedarse sin los cuidados sanitarios especializados.

Por último, alegó que acatar este correctivo “en estas condiciones de extrema vulnerabilidad” y “sin garantías de percibir una atención en su nación de origen” puede calificarse “de trato inhumano”. Asimismo, aludió a la sentencia STS 484/2019 del 22 de octubre en la que se reconoce que la aplicación de penas en momentos severos para la salud puede ser “desproporcionada”.

Todas estas razones empujaron a su defensa a considerar como mejor opción la paralización de la expulsión hasta no tener concluido el trámite relativo a esta condena anteriormente citado. Finalmente, esta se produjo sin ningún periodo de espera.

No solo recurre a las puertas de la justicia. Intenta abordar este asunto desde una perspectiva humanitaria mediante el apoyo de entidades como ONG o el Defensor del Pueblo. El tiempo corre y la circunstancia de Abdelali no se dibuja como un escenario esperanzador. Es por ello por lo que, las diferentes personas que lo apoyan, tratan de que se arroje un rayo de luz a su historia.