Los detienen, los sancionan, pero vuelven otra vez a las mismas prácticas. En esta ocasión, ha sido la Guardia Civil destinada en el puesto de Tarifa la que ha intervenido más de 750 kilos de atún rojo. En Ceuta ya son varios los casos detectados en los que ha intervenido el Seprona.
A pesar de la lucha constante contra lo que supone un auténtico atentado contra la flora y fauna, siguen produciéndose estos casos.
Los agentes que han intervenido pertenecen al Puesto Principal de Tarifa y aprehendieron 21 piezas de atún rojo pescados de forma ilegal.
La Guardia Civil, en cumplimiento a la Resolución dictada por la Dirección General de Ordenación Pesquera y Agricultura por la que se prohíbe temporalmente la pesca del Atún Rojo (Thunnus thynnus), ha intensificado en las últimas semanas la vigilancia de la pesca recreativa en la zona del Estrecho de Gibraltar.
Es una guerra encarnizada contra la pesca ilegal de esta especie.
Para ello, los agentes han establecido numerosos operativos en el litoral de la comarca orientados a detectar cualquier tipo de actividad relacionada con la captura ilegal de este tipo de piezas.
De este modo guardias civiles del Puesto Principal de Tarifa interceptaron una furgoneta cuando salía del puerto de Tarifa con 21 piezas de atún en el interior del vehículo que acababan de ser capturados de forma ilegal.
Cabe destacar que los ejemplares de atún rojo del Atlántico se han convertido en los últimos años en piezas muy codiciadas por los distintos sectores de restauración y comercios de pescadería, debido a sus valoradas propiedades gastronómicas y su elevado precio de mercado, de ahí a su pesca ilegal.
En todos los casos, los guardias civiles levantaron las correspondientes actas de denuncias procediendo a la aprehensión de los ejemplares que fueron posteriormente entregados al Banco de Alimentos.
A tener en cuenta si se trata de una sanción administrativa o penal está la notoria importancia (cantidad pescada), el no disponer de licencia o autorización, hacerlo fuera de los periodos permitidos por ley o destinarlo a un comercio o venta no autorizados.
Las consecuencias pueden ser multa de hasta 60.000 euros o derivar en una responsabilidad penal, si se considera que se ha incurrido en ese delito atendiendo esas y otras variables.
El Seprona de la Guardia Civil es la unidad encargada de realizar el oportuno informe sobre este tipo de infracciones.
Se considera delito contra la flora y fauna cualquier acción ilegal que perjudique a las especies silvestres o sus hábitats, incluyendo la tala, recolección, posesión, comercio o destrucción de plantas protegidas, y la caza, pesca o tráfico de animales protegidos.
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