La situación político-social en esta España que parece tambalearse, dentro de una Europa preocupante, a todos nos tiene que hacer reflexionar. España es un país con su propia idiosincrasia y en materia de seguridad ciudadana no podía ser menos. Tradicionalmente, pues data ya de 1844 que es cuando realmente arranca la seguridad pública como tal, la Guardia Civil tiene un papel fundamental en la consolidación de la seguridad ciudadana en una España, entonces y durante muchos años, eminentemente rural.
Ahí nace un cuerpo policial y realmente civil (aunque aquí las discrepancias son variopintas, según el lado desde el que se mire) y no lo digo yo, sino su mentora la Reina Isabel II. Luego ya sabemos que las interpretaciones son al gusto, como la carne, y si no fijémonos en numerosas resoluciones judiciales de nuestro imparcial e independiente sistema legislativo. Ciertamente desde 1844 hasta la fecha ya han pasado años y la Guardia Civil ha evolucionado, sin duda, pero no tanto como se pueda creer.
El ciudadano como norma general le tiene un gran aprecio (si exceptuamos cuando se sanciona sobre todo por infracciones de tráfico, el bolsillo es el bolsillo) pero se la quiere y se la respeta. No en vano la Guardia Civil está en casi todos los sitios: carreteras, caminos, montañas, ríos, incluso en el mar y por el aire. La Guardia Civil se palpa, se nota, es como el toro de Osborne en las carreteras, ha estado y debe de estar. Pero eso ha supuesto un gran esfuerzo y sacrificio por parte de todos los hombres y mujeres que han pasado y están, especialmente los guardias civiles de a pie, que son la gran mayoría.
Desde el inicio de la democracia los guardias civiles han dado muestra sobrada de su abnegado deber y sacrificio como trabajadores públicos, a excepción claro está de algún garbanzo negro cocinado un 23 F, como también lo ha habido en sus dirigentes (un tal Roldán, no confundir con el épico del Cantar de Roncesvalles). Pero no cabe duda que también ha existido y existe un caparazón inmovilista en su cúpula tan jerarquizada y militarizada que escapa al conocimiento del ciudadano. En el transcurso de los últimos 40 años dentro de la Guardia Civil ha habido un movimiento regenerador, guardias civiles que han dicho basta ya.
Basta ya de ser tratados muchas veces peor que algunos delincuentes, “demasiados guardias civiles han sufrido prisión militar y expulsiones simplemente por necedades administrativas, o por caprichos amparados por un código penal militar obsoleto”. O por pedir y exigir simplemente derechos e igualdad con el resto de policías de éste país, no sólo económicamente, como sucede en la época reciente con numerosos representantes de guardias civiles pertenecientes en su inmensa mayoría a la AUGC (Asociación Unificada de Guardias Civiles). Hartos también de ver, a veces demasiado cerca, como esos mismos dirigentes que niegan el pan y el agua en materia de derechos están inmersos directa o indirectamente en escándalos políticos o financieros, o simplemente miran hacia otro lado. O cómo, con una desvergüenza, total han claudicado políticamente ante el entorno de la cara oscura del terror en plena democracia española haciendo concesiones y la vista gorda, cuando a los guardias civiles nos han negado hasta el último momento derechos constitucionales, cuando esta Institución, sus miembros y familias han sufrido en primera línea, desde el principio, los golpes más duros.
El PSOE se ha despedido del gobierno con más de 200 expedientes disciplinarios a guardias civiles por reclamar mejoras laborales. Un gran mérito para un partido progresista e integrador, tolerante y dialogante. De poco le ha servido, por cierto, ya que en su bagaje le quedará el bochornoso mérito de haber soportado las mayores manifestaciones de guardias civiles que ha vivido este país. Y de eso debe tomar nota el PP. El nuevo ejecutivo, con su ministro del Interior Jorge Fernández a la cabeza y el director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa ni deben ni pueden obviar todas las reformas necesarias para la modernización definitiva del mayor cuerpo de seguridad del Estado.
De momento ya han acertado con la separación de las direcciones generales de Policía y Guardia Civil, porque se ha demostrado que la creación del mando único por el PSOE ha sido un total y absoluto fracaso vista la gestión. El nuevo director general debe dialogar, no sólo con la cúpula de la Guardia Civil, la cual requiere unos cambios urgentes, si no con los representantes elegidos democráticamente que conocen de primera mano el día a día. Sus primeros pasos ya han ido por este camino y una de sus primeras decisiones ha sido mantener una reunión con los representantes de AUGC.
Pero el proceso de modernización estructural pasa también por no torpedear el derecho de asociacionismo profesional con torticeras resoluciones jurídicas y legislativas. El diálogo con AUGC, la mayor organización profesional de guardias civiles es y debe de ser necesario. El PP no debe caer en el mismo error que sus antecesores ya que con sanciones y expedientes no se arregla nada, pues ha servido para reforzar las convicciones en la defensa de los derechos como trabajadores públicos. Los que acaban de abandonar el poder han dejado muchos deberes por hacer: desarrollar la Ley de Derechos y Deberes de los guardias civiles; regular la jornada laboral como el resto de cuerpos policiales, acometer sin demora, y ahora más necesaria que nunca por la crisis económica, la reorganización estructural sin miedo: hay que cerrar cuarteles, hacer nuevos o reformar otros pero con capacidades operativas reales, dotándolos de medios humanos y materiales adecuados.
AUGC como siempre, tiende la mano del diálogo y la cordura porque somos conscientes de lo que podemos aportar para ser partícipes de la modernización de la Guardia Civil y su transformación en un cuerpo policial moderno en pleno siglo XXI, eso sí preservando los derechos de sus miembros. Con amenazas constantes y expedientes sancionadores a los legítimos representantes de más de 32.000 guardias civiles como hizo el anterior equipo ministerial nada se va a conseguir. Al final quien paga el pato es el ciudadano.
