La Guardia Civil ha actuado contra un matrimonio por delito de usurpación y otro de urbanismo, después de que estuvieran ejecutando obras en el Hacho en un territorio de Defensa que había sido cedido a la Ciudad de Ceuta.
Ambos han quedado como investigados y deberán responder judicialmente por la comisión de estas dos acciones delictivas.
La investigación la ha llevado a cabo el Equipo de Investigación del Servicio de Protección de la Naturaleza (EPRONA) de la Comandancia de la Guardia Civil quienes procedieron a investigar los hechos tras atender, el pasado noviembre, un requerimiento de colaboración del Grupo Operativo de Apoyo (GOA) de la Policía Local.
Los agentes municipales habían sido alertados por ciudadanos, localizando en la zona del Monte Hacho una obra en ejecución donde varias personas levantaban muros de bloque y estructuras metálicas en una zona forestal.
Tras la inspección ocular conjunta y las posteriores gestiones de investigación, el EPRONA solicitó los correspondientes informes a los Servicios Técnicos de la Ciudad Autónoma.
El dictamen pericial confirmó que la parcela afectada es propiedad del Ministerio de Defensa (actualmente cedida a la Ciudad), catalogada como suelo rústico y de especial protección, careciendo las obras de cualquier tipo de licencia o autorización por ser, de hecho, no legalizables dada la clasificación del terreno.
Por todo ello, se ha procedido a la lectura de derechos en calidad de investigadas a dos personas responsables de la promoción y ejecución de la construcción ilegal.
Cabe destacar que la persecución de estos delitos contra el medio ambiente y el urbanismo se mantiene activa por parte de la Comandancia.
De hecho, el Juzgado de lo Penal número 1 de Ceuta ya dictó sentencia condenatoria el pasado mes de octubre de 2025 contra tres personas por hechos de idéntica naturaleza cometidos en 2024, actuaciones que también fueron instruidas por esta misma Unidad del SEPRONA.
Ese caso se inició después de que el Ministerio de Defensa diera parte a la Guardia Civil por haber detectado la realización de unas obras en sus terrenos. Fue en 2024 y las actuaciones urbanísticas se ejecutaron en una parcela próxima al cuartel de la Legión, en García Aldave.
Los tres acusados reconocieron los hechos, aplicándose una atenuante de reconocimiento tardío, por lo que se impuso por delito contra la ordenación del territorio una pena de 9 meses de prisión y 6 meses de multa con cuota diaria de 3 euros, mientras que por un delito de usurpación fueron penados con 45 días de multa con cuota diaria de 3 euros.
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