Casi cuatro meses después de la entrada en vigor del Real Decreto Ley 16/2012 sobre el nuevo sistema de aportación farmacéutica, que establece un pago determinado en relación con el nivel de renta de los usuarios, las dudas y quejas de éstos, más allá de disiparse, se hacen más patentes. Este es el caso del colectivo de pensionistas. Luis González tiene 74 años, es vecino de la barriada Príncipe Felipe y ha cotizado a la Seguridad Social durante cerca de 40 años en un sector hoy en decadencia, el de la construcción.
González ha explicado que “nadie nos da una explicación sobre lo que tenemos que hacer con las facturas que nos dan en la farmacia cuando compramos los medicamentos” y añade que “yo ya estoy harto de dar vueltas por la ciudad sin que nadie me ayude”.
El pensionista asegura que “las farmacias se limitan a cobrarnos y a darnos las recetas y facturas”, y en la sede de la Dirección Territorial y la Gerencia del INGESA, en el centro de salud de Otero, “tienen puesto un cartel que dice que las dudas sobre este asunto serán resueltas en nuestros respectivos centros de salud; pero no es así”, porque “he ido a mi centro de salud, el del Tarajal, y tampoco me han dicho qué tengo que hacer o dónde tengo que presentar mis facturas para que me devuelvan el dinero”.
Luis González dice que es “injusto y vergonzoso que nos cobren en el momento de despachar los medicamentos tras cotizar durante casi cuarenta años” y luego “nos lo devuelvan cuando les dé la gana”.
El pensionista ha explicado que son muchos los ceutíes que se encuentran en la misma situación y afirma que “ayer mismo pagué en la farmacia 8 euros por diferentes medicamentos”, que es la cantidad mensual máxima fijada para las personas pensionistas con renta inferior a 18.000 euros anuales.
Pese a todo, Luis González se considera un privilegiado porque su pensión supera los 500 euros que cobran algunas de sus vecinas, y ha declarado que “hay personas con dolencias más graves, como el corazón, que a duras penas pueden pagar los medicamentos”.
