El
Gobierno de Ceuta no se posiciona públicamente tras la
detención del exconsejero de Sanidad, Javier Guerrero. No lo hace porque, tal y como ha indicado el portavoz Alberto Gaitán, “es un asunto que está judicializado” y, por parte del Gobierno, “no hay nada que decir”. El médico será trasladado al juzgado esta tarde para declarar. Gaitán ha insistido en la “más absoluta y plena confianza en la justicia y el trabajo de las fuerzas de seguridad” desvinculándose así de cualquier otra interpretación al respecto sobre el trabajo que se está realizando. Sobre la posibilidad de que la Ciudad se persone como Acusación en el procedimiento, por el hecho de que hubiera
menores extranjeros bajo su tutela afectados por este asunto, Gaitán ha indicado que será una decisión que se estudie por parte de los servicios jurídicos pero que antes “veremos cómo evoluciona la
decisión de la autoridad judicial” y entonces “se analizará lo que hay que hacer”. Hoy sí que la Ciudad ha decidido ser más clara en cuanto a la decisión acordada el año pasado de
prohibir a Guerrero que entrara en los centros de menores. Algo que fue publicado por El Faro de Ceuta en septiembre, obteniendo como respuesta no solo una
amenaza de denuncia en los tribunales por parte del
líder de Ceuta Avanza que nunca se materializó sino también la callada de cuantiosos medios de comunicación que llegaron a cuestionar el trabajo publicado. El Ejecutivo local decidió despachar entonces la reacción a aquella noticia con el “pregunten a él”, sin atreverse tampoco a negarla porque era cierta.
Los incumplimientos de protocolos que dieron pie a la acción de la Fiscalía
Ahora, cuatro meses después y con Guerrero ya detenido y acusado de presuntos abusos a menores, Alberto Gaitán ha sido más claro, detallando que Guerrero estuvo colaborando con el servicio de Menores en calidad de médico a raíz de la entrada masiva de mayo de 2021 al igual que otras entidades. Se tenía que atender a los cientos de menores a los que había que dispensar tarjeta sanitaria. Pero “en determinado momento, por parte del Área de Menores se le indicó que había que cumplimentar los protocolos establecidos para estar en los centros de menores”, impidiéndosele la entrada porque no se hacía y teniendo que informar a la Fiscalía de la situación que se estaba dando. “Aunque se había hablado personalmente con él se observaba que no cumplía de manera exhaustiva” dicha orden. ¿Qué es lo que pasaba? Según Gaitán, “se observa que” Guerrero “no cumple de manera concreta esos protocolos” y “viendo que no se cumple se decide que, como todos los menores tenían ya asistencia sanitaria, esa colaboración no era necesaria”. No obstante, seguía habiendo “comportamientos fuera de los centros de menores” que venían a demostrar que se seguía “incumpliendo lo que establece los protocolos con los menores” pero esta vez fuera de los centros. El portavoz del Gobierno ha evitado concreciones y detalles aferrándose a que está el caso judicializado y mientras el juez no se pronuncie no lo va a hacer tampoco el Ejecutivo ni va a dar más detalles sobre esos comportamientos que hicieron que Menores comunicara a la Fiscalía y se activara una investigación por parte de la Guardia Civil. Esos protocolos internos no se cumplían y a partir de ahí se derivó la respuesta judicial. “No vamos a hablar si no lo hace antes el juez”, ha insistido Gaitán. Lo que ve el Área de Menores es que se “incumplen protocolos” pero más allá de esto el Ejecutivo dice desconocer los detalles de la investigación posterior de la Benemérita. Gaitán ha negado que “existan tramas” en torno a esto, sin querer hablar más sobre las campañas orquestadas que están denunciándose desde el entorno de Ceuta Avanza y que pretenden dar a entender que incluso la actuación de la Guardia Civil se habría hecho a modo de reacción de esas denuncias de tramas.