El Gobierno de España culmina el proceso para reubicar a los menores

El Gobierno de España ha dado un paso decisivo en la gestión de la crisis migratoria. Tras semanas de reuniones técnicas y administrativas, se han completado los procedimientos necesarios para iniciar la reubicación de los primeros menores inmigrantes no acompañados llegados a territorio español después de la declaración de la contingencia migratoria en Ceuta, Melilla y Canarias, recogida en el Real Decreto Ley 2/2025.

La medida busca aliviar la presión que soportan los territorios frontera, al tiempo que garantiza la protección de menores en situación de especial vulnerabilidad. Se trata del primer proceso de traslado en el marco de la nueva normativa, que modifica el artículo 35 de la Ley de Extranjería para dar una respuesta más ágil y coordinada a este tipo de situaciones.

Reuniones clave para cerrar los traslados

Este miércoles se celebró en Madrid una reunión presidida por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, con la presencia de altos cargos de su departamento y de la Secretaría de Estado de Juventud e Infancia. Al encuentro asistieron también las delegadas del Gobierno en Ceuta y Melilla, Cristina Pérez y Sabrina Moh, así como representantes de las subdelegaciones en Canarias.

El encuentro permitió coordinar los últimos detalles antes de que se produzcan las reubicaciones. Según ha informado el Ejecutivo, este jueves las delegadas del Gobierno en Ceuta y Melilla se reunirán con los respectivos gobiernos autonómicos y con la Fiscalía para dar luz verde a los traslados, después de que ya se hayan asignado las comunidades autónomas de destino.

La intención del Gobierno es repetir esta dinámica en Canarias, donde el primer menor llegado bajo la nueva contingencia fue registrado el pasado 11 de septiembre. El objetivo es asegurar que el procedimiento se desarrolla con todas las garantías jurídicas y de protección de la infancia.

Un procedimiento con plazos diferenciados

El Real Decreto Ley que regula estas actuaciones establece dos marcos temporales distintos para la reubicación:

• Menores llegados tras la declaración de contingencia migratoria: deben ser trasladados en un plazo máximo de 15 días.

• Menores ya presentes antes de la contingencia: el proceso se amplía a cuatro meses para facilitar la coordinación entre administraciones.

En ambos casos, se trata de procedimientos complejos que requieren la intervención de diferentes organismos. La Policía Nacional inscribe a los menores en el Registro de Extranjeros No Acompañados, mientras que las delegaciones del Gobierno inician la propuesta de asignación de la comunidad de destino. Además, se realiza una audiencia al menor, se solicita informe a la comunidad de origen y se comunica cada paso a la Fiscalía.

Coordinación institucional e impacto en los territorios fronterizos

Desde la declaración de la contingencia, las subdelegaciones del Gobierno han trabajado intensamente para coordinar las actuaciones. El Ejecutivo destaca que este esfuerzo no solo implica a las administraciones del Estado, sino también a las comunidades autónomas receptoras, que son las que finalmente asumen la tutela de los menores reubicados.

El proceso supone un alivio para Ceuta, Melilla y Canarias, territorios que en los últimos años han soportado una presión constante derivada de la llegada de inmigrantes. La sobreocupación de los centros de acogida y la necesidad de garantizar condiciones dignas para los menores han convertido este asunto en una prioridad política y social.

Un reto de humanidad y corresponsabilidad

El Gobierno subraya que la reubicación de menores no acompañados no solo es una cuestión de gestión administrativa, sino también de derechos humanos. Los niños y adolescentes inmigrantes se encuentran en una situación especialmente vulnerable, lejos de sus familias y expuestos a múltiples riesgos.

Con este nuevo marco legal, se pretende que los procesos sean más rápidos y transparentes, evitando que los menores pasen largos periodos en centros saturados o sin las atenciones adecuadas. Además, se refuerza la idea de que la solidaridad interterritorial es imprescindible para garantizar una acogida digna.