El Gobierno de la Ciudad de Ceuta prevé elevar a la consideración del
Pleno durante el mes de septiembre, a ser posible a lo largo de su primera quincena, una propuesta de
asunción directa por parte de la administración de la gestión del servicio de transporte público en
autobuses urbanos que desde hace más de medio siglo ha prestado de manera externalizada la empresa Hadú-Almadraba.
El tiempo apremia, pues la prórroga de dos años que se concedió a esa sociedad para mantener las riendas del servicio expira el 28 de diciembre.
La legislación establece que a partir del acuerdo de iniciación del expediente (que saldrá adelante con toda seguridad con el anunciado apoyo de todos los grupos políticos con representación institucional) es preciso redactar una memoria que garantice la viabilidad económica, financiera y funcional de la municipalización, tarea que podría encargarse a alguna consultora especializada.
A continuación dicho estudio tendrá que ser sometido a exposición pública antes de la postrera aprobación definitiva del proyecto por la Corporación.
El Gobierno debe resolver si comprará o alquilará vehículos y los garajes y talleres
La intención que baraja el Ejecutivo de Vivas es integrar el servicio entre las competencias que ya gestiona
Amgevicesa, sociedad municipal que ya tiene más de 250 trabajadores y que, en principio, no tendría que modificar su objeto social para asumir el encargo, según las fuentes consultadas.
Hadú-Almadraba tiene actualmente, de acuerdo con las estimaciones de su Comité de Empresa, “entre 50 y 60 trabajadores”, más de la mitad conductores, un puñado de mecánicos y otro de inspectores, tres administrativos y otros pocos ‘nocturnos’ que se encargan durante las madrugadas de tener los vehículos a punto, entre otras tareas.
Su subrogación (la del gerente como tal no) en la empresa pública está cubierta por el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, que “salvo pacto en contrario [...], las relaciones laborales de los trabajadores afectados por la sucesión seguirán rigiéndose por el convenio colectivo que en el momento de la transmisión fuere de aplicación en la empresa, centro de trabajo o unidad productiva autónoma transferida”.
Actualmente existen sensibles diferencias entre los convenios de la empresa privada y la municipal. En primer lugar, los trabajadores de la primera trabajan 40 horas semanales y los de la segunda, 35. Sin embargo, en Hadú-Almadraba los salarios base mensuales de cualquiera de sus categorías no alcanzan los 900 euros y en Amgevicesa oscilan entre más de 2.200 euros y un mínimo de 1.032 sin contar todos los demás pluses y condiciones laborales, claramente peores en la compañía que perderá el servicio (un día de asuntos propios al año frente a ocho, por ejemplo).
Ningún sueldo base llega a 900 en Hadú-Almadraba; no bajan de 1.032 en Amgevicesa
Las fuentes consultadas creen que el encaje de los trabajadores en la plantilla de la empresa pública se gestionará con “flexibilidad” para no generar tampoco agravios comparativos.
Entre los flecos por cerrar están los de infraestructuras y flota, ya que tanto la nave de Puertas del Campo como los vehículos de la flota son propiedad de la empresa privada, que parece más dispuesta a desprenderse de ellos a través de una venta dada su antigüedad que a alquilárselos a la administración, aunque el Ejecutivo ya ha sondeado alternativas al otro lado del estrecho si no pudiera haber ningún acuerdo.
En cuando a los garajes y talleres, alguna nave del Tarajal podría suplir también cualquier negativa a avenirse a un justiprecio para un periodo más o menos largo en lugar del inmueble actual.
Un servicio con poco margen para empeorar
Hadú-Almadraba cuenta con una flota de 26 autobuses cuya media de edad es de 11 años. Su red actual se compone de cerca de una decena de líneas que no llegan a centros neurálgicos de la que se dice quiere ser una ciudad turística como el puerto y el helipuerto, pero la satisfacción que da a los usuarios locales también es mínima. Según los autores del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Ceuta, seis de cada diez valoran como mala o regular las frecuencias de los servicios debido a los elevados tiempos de paso. Respecto a los motivos de no usar el transporte público de la ciudad autónoma, tres de cada 10 encuestados no lo hacen porque no lo necesitan en sus desplazamientos. Además de esta, existen otras razones para reprobarlo como la autonomía y libertad de acción (22%), por comodidad (14%), porque el origen y destino está mal comunicado (12%), por temor a la covid-19 (9%), la escasa frecuencia y malos horarios (8%) y lo caro y lento (7%). La gestión directa tiene poco margen para empeorar: 7 de cada 10 usuarios no volvería a utilizar los autobuses tal y como han funcionado hasta ahora “en ninguna circunstancia” y solo un 8% lo haría si llegase más rápido al destino, un 7% si contara con más paradas y un 5% si fuera (aún) más económico, 85 céntimos actualmente.