En Ceuta hay casi 4.000 menores que sufren pobreza visual, según datos de la asociación Visión y Vida. Sin embargo, la gratuidad de gafas y lentillas para menores de edad y su financiación para adultos con menos recursos económicos está cada vez más cerca de convertirse en realidad en España.
El Pleno del Congreso de los Diputados ha dado luz verde este martes a la tramitación de una proposición de ley que podría suponer un antes y un después en el acceso a productos ópticos como gafas graduadas y lentes de contacto, integrándolos en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS).
La iniciativa, que llega desde el Parlamento de Andalucía, ha recibido un respaldo mayoritario, con el voto favorable del PSOE y el apoyo del PP. Se trata de un primer paso legislativo que abre la puerta a que millones de ciudadanos, especialmente niños y personas en situación de vulnerabilidad, puedan acceder gratuitamente a productos esenciales para su salud visual.
Un cambio de enfoque: gafas y lentillas como necesidad sanitaria, no de moda
Según el diputado José Ignacio García (Adelante Andalucía), uno de los principales defensores del texto, "las gafas y lentillas se han convertido en un producto más asociado a la moda que a la salud", cuando en realidad su función es esencial para el desarrollo y la calidad de vida de millones de personas. “Hay millones de personas en todo el Estado que no pueden pagar algo tan básico como unas gafas”, denunció.
García recordó que el 31 % de los menores en España presenta problemas de salud visual sin tratar, y subrayó además una brecha social preocupante: existe una diferencia del 12 % en el uso de gafas entre clases sociales, un indicador claro de desigualdad en el acceso a la salud óptica.
¿Qué propone la nueva ley?
El objetivo central de esta proposición de ley es modificar la Ley 16/2003 de cohesión y calidad del SNS, para que los productos ópticos y de salud visual —como gafas graduadas y lentillas— formen parte de la cartera de servicios comunes del sistema público de salud.
-
Para los menores de edad, la medida supondría acceso gratuito total a gafas y lentillas.
-
Para los mayores de edad, la propuesta contempla que el grado de financiación por parte del SNS sea proporcional a la situación económica del usuario. Es decir, quienes menos recursos tengan, pagarían menos o incluso nada.
¿Cuándo podría aplicarse?
Aunque aún queda recorrido legislativo, el apoyo a la toma en consideración de la ley indica un amplio consenso político para seguir avanzando. Ahora, la proposición deberá pasar por las comisiones parlamentarias pertinentes antes de su aprobación definitiva.
Desde el Gobierno central, ya se había anticipado un compromiso en esta línea. La ministra de Sanidad, Mónica García, anunció en comisión parlamentaria que su departamento trabajaría durante esta legislatura para ampliar la cartera de servicios del SNS en materia de salud visual, con especial atención a los colectivos vulnerables y a la infancia.
Debate político y críticas cruzadas
El respaldo mayoritario a la propuesta no ha estado exento de críticas. La diputada del PP, Elvira Velasco, aseguró que esta iniciativa no habría sido necesaria si el Gobierno central “hubiera cumplido el acuerdo de coalición entre PSOE y Sumar”, en el que ya se contemplaba la ampliación de prestaciones sanitarias, incluidas ayudas ópticas.
Velasco también reprochó al Ejecutivo “un exceso de anuncios sin concreción”, y calificó esta nueva tramitación como una maniobra que llega con retraso.
Desde el PSOE, la diputada María del Pilar Navarro defendió la necesidad de que sea la Seguridad Social quien asuma los costes de estos productos ópticos, especialmente cuando se trata de menores o adultos con ingresos bajos. Su compañera, María Carmen Castilla, aunque también mostró su apoyo, criticó lo que calificó de “postureo” por parte de la Junta de Andalucía, a la que acusó de no cumplir con sus compromisos en materia de salud.
Un paso más hacia una sanidad pública más inclusiva
Con esta proposición, España se acerca a una visión de la sanidad más completa y equitativa, en la que ver bien no sea un lujo, sino un derecho. La medida no solo busca corregir desigualdades, sino también apostar por una prevención activa de problemas visuales que, sin atención a tiempo, pueden generar consecuencias más graves a largo plazo.
Ahora, todos los ojos están puestos en el desarrollo de la tramitación parlamentaria. Si la ley avanza como se espera, podría suponer un alivio económico para muchas familias y marcar un hito en la inclusión de productos ópticos dentro del sistema público de salud.
