Foto: COPE
El uso de tecnología avanzada para manipular pruebas oficiales ha dado un salto cualitativo con la detección, por primera vez, de gafas inteligentes en un examen que te permiten copiar en el examen teórico del carnet de conducir y superar la prueba de manera fraudulenta.
La operación, desarrollada en La Rioja, no solo pone de manifiesto nuevas formas de fraude, sino también la dimensión internacional del fenómeno: entre los implicados figuran aspirantes de diversas nacionalidades, entre ellas Marruecos, lo que evidencia que estas prácticas ilícitas están extendidas.
La intervención se produjo gracias a la colaboración entre la Jefatura Provincial de Tráfico y la Guardia Civil, que lograron interceptar a un candidato que utilizaba este dispositivo para retransmitir en directo el contenido del examen.
A diferencia de métodos tradicionales, el sistema permitía captar imágenes sin levantar sospechas, reproduciendo una conducta aparentemente normal durante la prueba.
El funcionamiento del mecanismo revela un grado de sofisticación notable. Las gafas inteligentes enviaban la señal en tiempo real a una persona situada fuera del aula, quien, a su vez, facilitaba las respuestas correctas mediante un diminuto audífono prácticamente indetectable. Este procedimiento marca un antes y un después en la lucha contra el fraude tecnológico en este tipo de evaluaciones.
Hasta ahora, el uso de dispositivos como teléfonos móviles ocultos o 'pinganillos' era una práctica relativamente frecuente. Sin embargo, la incorporación de herramientas más avanzadas apunta a una creciente profesionalización de las redes dedicadas a proporcionar este tipo de servicios. Se trata de estructuras organizadas que no solo suministran los dispositivos, sino que también coordinan toda la operativa externa.
Las inspecciones llevadas a cabo en Logroño y Calahorra han permitido identificar, desde enero, a una veintena de personas de entre 24 y 59 años, procedentes de países como China, España, India, Marruecos, Pakistán, Portugal y Senegal. Todos ellos residían en diferentes puntos del territorio nacional, lo que refuerza la idea de una red extendida y bien articulada.
Además, las investigaciones apuntan a que los implicados habrían pagado cantidades que oscilan entre los 1.300 y los 2.500 euros para beneficiarse de este sistema fraudulento. Este dato no solo confirma la existencia de una demanda consolidada, sino también el carácter lucrativo de una actividad que evoluciona al ritmo de la tecnología.
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