Con el Plan General de Ordenación Urbana de fondo, el consejero de Fomento, Néstor García, inició ayer la primera de las dos jornadas de estancia en Madrid con el equipo redactor del PGOU, encabezado por el arquitecto municipal, Javier Arnáiz.
A semanas escasas de que la contestación a las alegaciones presentadas hace más de un año al Plan General sean aprobado en pleno, son varias las sociedades estatales que conocerán el fondo de los acuerdos.
En el día de ayer, el turno le tocó a la SIEP (Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios), la responsable de la construcción de la nueva prisión de Fuerte Mendizábal y que deberá entrar en funcionamiento de manera progresiva durante los próximos dos años, a partir de que la misma esté equipada.
Hoy, toda la agenda está situada en la órbita del Ministerio de Fomento. Por un lado, la negociación con los técnicos que durante los últimos ocho años han llevado, de la mano de la Ciudad Autónoma, las negociaciones referidas al desarrollo del mismo Plan General y luego, con SEPES, que es la propietaria de una gran parte de Loma Colmenar y que también verá encima de la mesa el conjunto de las alegaciones que se contestarán y que antes de que sean aprobadas en un pleno extraordinario de la Asamblea deberán pasar por el filtro de la Comisión Informativa de Fomento.
