El PSOE de Ceuta ha manifestado este jueves “su más enérgico rechazo ante la última maniobra del Gobierno de Juan Vivas, que ha aprobado la creación a medida de una Dirección General de Control Financiero para, acto seguido, nombrar en el cargo a José María Caminero Fernández, recientemente jubilado como interventor accidental general de la Ciudad Autónoma”.
Para los socialistas se trata de un nombramiento que solo puede calificarse como un “flagrante abuso institucional”.
El PSOE ha dejado claro que esta decisión “evidencia una vez más la utilización partidista que hace Juan Vivas de los recursos de la Ciudad para beneficiar a personas afines, sin respetar los principios básicos de mérito, capacidad, transparencia e imparcialidad, priorizando los intereses de los suyos frente al interés general”.
A través de un comunicado de prensa, han señalado que “no puede entenderse como una coincidencia que, apenas unas semanas después de su jubilación, se cree una nueva estructura orgánica a medida del ex interventor accidental”, añadiendo que “este tipo de actuaciones socavan la confianza de la ciudadanía en sus instituciones y profundizan en la degradación democrática de la administración local bajo el mandato del Partido Popular”.
A los socialistas no le parecen convincente las razones esgrimidas por el Gobierno de Vivas, asegurando que “son cuanto menos sorprendentes”, recordando las explicaciones del portavoz Alberto Gaitán de “reforzar el control interno y externo de la gestión económica financiera de la Ciudad” y “cumplir la normativa tanto estatal como local en materia de control financiero”.
El PSOE de Ceuta ha expresado que “la desfachatez de este Gobierno no deja de sorprendernos”.
Han argumentado que “por un lado alegan la necesidad del control financiero de la Ciudad, algo que no han considerado necesario en casi un cuarto de siglo en el Gobierno y que ahora al parecer resulta urgente, pero sólo para colocar al exinterventor, cuyo relevo además se ha venido reclamando año tras año desde el Tribunal de Cuentas, al tratarse de un nombramiento provisional que se ha alargado durante más de dos décadas”.
El partido ha recordado que el TCu “ha pedido reiteradamente en sus informes anuales la provisión de los puestos de interventor y secretario, cargos de habilitación nacional, para su inclusión en los concursos unitarios que anualmente celebra el Ministerio de Hacienda, al tratarse de dos figuras cruciales destinadas al control financiero y legal del funcionamiento de la Ciudad, pero ocupadas de forma interesadamente accidental durante años”.
Para los socialistas “queda meridianamente claro” algo y es que “el Gobierno ha incumplido reiterada y deliberadamente la norma que ahora dice querer cumplir, pues el señor exinterventor se ha mantenido durante más de dos décadas de manera accidental en su puesto sin que Vivas moviera un dedo”.
El PSOE de Ceuta ha indicado que “el Ejecutivo del PP tiene la desvergüenza de afirmar que Caminero es la persona idónea por su experiencia, por sus conocimientos de la materia y porque tiene la titulación aconsejada”.
Por otra parte, han señalado que "si el criterio es la experiencia acumulada, esperamos que no se jubile ningún funcionario más dentro del Gobierno”.
“Y su titulación es cuestionable —añaden—no debemos olvidar que en sus más de veinte años de ejercicio no ha sido capaz dejar de ser accidental y acceder a la titularidad de la plaza que ha mantenido”, han añadido los socialistas.
Ante todo lo planteado, han exigido “explicaciones públicas al presidente Juan Vivas sobre los motivos reales de esta decisión y se ha solicitado por escrito a la Consejera de Hacienda que indique las diferencias en las funciones de la dirección General de Hacienda y Presupuestos y la de reciente creación, Dirección General de Finanzas”.
A esto se suma demás, la solicitud de que se indique “qué organismo asumía hasta este momento las funciones de esta nueva Dirección General, al parecer imprescindible”.
Por último, los socialistas han dejado claro que “desde el PSOE de Ceuta reafirmamos nuestro compromiso con una administración pública al servicio de la ciudadanía y no de intereses personales o políticos”, asegurando que “este tipo de prácticas no pueden normalizarse ni quedar impunes".
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