La fiscalización y justificación del impulso público

El presidente de la Ciudad y su consejera de Hacienda participaron ayer en las Murallas Reales en la presentación de los dos proyectos tecnológicos y sostenibles que se van a poner en marcha en el puerto con una inversión global de algo más de 9 millones de euros con una subvención de Procesa que cubrirá más del 40% del total.

La colaboración público-privada es fundamental para cimentar el nuevo modelo económico de Ceuta “verde, azul, sostenible e inteligente”. Los promotores también se beneficiarán de las concesiones de suelo otorgadas por la Autoridad Portuaria.

Las administraciones e instituciones deben ser tan decididas en su apuesta por impulsar con fondos públicos un marco de desarrollo próspero y seguro como en la fiscalización del uso que se haga de los mismos.

La generación directa de puestos de trabajo por parte de estos proyectos es reducida, pero su capacidad de ejercer de imán para otras empresas del sector tecnológico que opten por radicarse en la ciudad puede ser muy alta, por lo que la línea estratégica diseñada hace  ya cinco años debe consolidarse insistiendo en las reivindicaciones que hasta ahora solamente han encontrado silencio en la Administración General del Estado, como la ansiada reforma de la Ley de Sociedades.

La Ciudad no debe cejar en ese empeño y tiene que seguir intentando persuadir al Estado de que no se trata de recursos dilapidados, sino que su efectividad y utilización será fiscalizada al detalle para constatar si las ventajas e incentivos fiscales extra que se reclaman sirven a los fines pretendidos: generar empleo y desarrollo, no simplemente lucrar a los empresarios que se benefician de los mismos.