O.M.P., exjefe de la Oficina delegada de la Gerencia Territorial de Justicia en Ceuta, está esperando juicio con tribunal del jurado. La Fiscalía ha pedido para él dos años y medio de cárcel e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y costas por la presunta comisión de un delito continuado de estafa.
Según la calificación de los hechos del Ministerio Público, gestionaba la bolsa de depositarios judiciales, consistiendo su función en recepcionar las solicitudes de quienes querían formar parte de esa bolsa y comunicar al gerente territorial del Ministerio de Justicia dichas solicitudes, pero sin capacidad de nombrar o cesar los cargos de depositarios judiciales, ni de adjudicar a los distintos depositarios los vehículos intervenidos judicialmente.
Sin embargo, hasta finales de agosto de 2014 habría, “en ejecución de un plan previamente preconcebido y con el fin de obtener un ilícito patrimonial”, desplegado “una conducta engañosa” frente a un empresario local para “hacerle creer que por haber sido nombrado depositario judicial y para seguir recibiendo vehículos tenía que abonarle dinero”. El concesionario, “movido por el engaño”, le habría entregado 6.000 euros en dos pagos que el acusado “recibió en su provecho”, causando al pagador “un perjuicio patrimonial”.
A esperar sentencia para querellarse por falso testimonio y calumnias
La Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz con sede en Ceuta ha desestimado íntegramente el recurso de apelación interpuesto por el exjefe de la Oficina delegada de la Gerencia Territorial de Justicia en Ceuta, O.M.P., contra una funcionaria de dichas dependencias a la que atribuía la comisión de presuntos delitos de denuncia falsa, falso testimonio, calumnias e injurias por su declaración ante la Guardia Civil de octubre de 2017, cuando el ahora querellante fue detenido por su presunta implicación en irregularidades con la gestión de los depósitos judiciales.
La querella fue sobreseída provisionalmente en febrero con el apoyo de la Fiscalía con el argumento de que se achaca como hecho punible pudiera consistir “en haber imputado falsamente unos hechos en el curso de un procedimiento penal que se encuentra actualmente en trámite sin que haya sido objeto aún de enjuiciamiento”.
Para la representación legal del querellante “la víctima siempre puede interponer denuncia, aunque el Tribunal que conozca de la causa no dé su licencia”, pero la Audiencia no ha compartido su criterio.
“Al no haberse puesto fin de una u otra manera a las diligencias previas dirigidas contra el recurrente no podía procederse por hechos susceptibles de ser subsumidos en el delito de acusación y denuncia falsa, como se ha visto que sería el caso de las afirmaciones de la querellada ante la Guardia Civil”, ha entendido la Sala de apelación.
Para la Audiencia “la utilización del sobreseimiento provisional puede que no fuera la decisión más técnica desde el punto de vista procesal”, pero ello “no afecta a la naturaleza en sí de la decisión adoptada, más allá de que nuestras normas procesales no prevén una solución concreta a supuestos como el que nos ocupa, respecto del que el mecanismo adoptado encuentra apoyos incluso en la doctrina”.
“El recurrente hace girar todo el recurso sobre una cuestión que nada tiene que ver con ello: insistió en la posibilidad de promover la persecución de los hechos como eventual ofendido, lo que nadie le negaba, pero ello sólo podrá ser posible cuando concurra el requisito de procedibilidad en que consiste el previo cierre de la causa seguida contra él”, ha dictaminado el auto.
Injurias, “falso testimonio”, calumnias...
El que fuera jefe de Sección de la Oficina Delegada de la Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia en Ceuta ha intentado sin éxito abrir una causa contra una funcionaria de esas dependencias al entender que en su declaración ante la Guardia Civil después de su arresto en octubre de 2017 le atribuyó falsamente “la comisión de varias infracciones como hurto o robo de bienes muebles e infidelidad en la custodia de documentos”, que vertió “expresiones de carácter injurioso” contra él y que narró “hechos que no son ciertos” con la imputación de “conductas delictivas a sabiendas de su falso proceder”.
