Fiscalía mantiene que Deu y Mateos cometieron de forma "conjunta" una ilegalidad

Fiscalía y las dos acusaciones particulares representadas en el juicio que se sigue en Ceuta contra las dos exmandatarias, Mabel Deu y Salvadora Mateos, han pedido este jueves que sean condenadas por un delito de prevaricación administrativa que supone inhabilitación y pérdida de honores.

Especialmente contundente ha sido el informe presentado por la representante del Ministerio Fiscal, Silvia Rojas. Incluso duro en sus apreciaciones en torno a la implicación de las consideradas responsables de la devolución de aquellos niños a Marruecos, tras haber sido alentados por su propio país a cruzar a Ceuta bajo engaños.

Rojas ha echado mano de la abundante jurisprudencia para fundamentar la petición de condena para ambas. Argumenta que se omitieron los procedimientos debidos que deberían haberse cumplido para amparar la decisión que se adoptó con esos niños, cuyo interés debió prevalecer sobre cualquier otro asunto.

No constan resoluciones administrativas, algo que ha sido determinado en los autos dictados por el órgano de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional hasta la fecha. Para la Fiscalía está acreditada la acción irregular sobre unos menores que fueron meramente custodiados para su repatriación.

No eran situaciones excepcionales

No cabe la invocación de que se produjeran situaciones excepcionales para justificar la decisión adoptada y que ha llevado a que Deu y Mateos se sienten en el banquillo.

Fiscalía ha recordado en su informe que debieron cumplirse todas las medidas garantistas, pero no sucedió.

Así, por ejemplo, se debió cumplir una individualización de cada menor con su expediente, conocer la situación del niño, escucharle vía audiencia, saber de sus condiciones personales, además de contar con la presencia del Ministerio Fiscal cuyo papel es relevante a la hora de defender la legalidad y los derechos de los menores. Eso y mucho más no se cumplió.

Primó la discrecionalidad sobre todo lo demás. Fiscalía cree, además, que cuando se procedió a esa entrega de menores la situación no era tan excepcional, al contarse ese mes de agosto de 2021 con 662 niños, una cifra similar a la que se da en la actualidad.

No hubo orden, sí una manipulación

¿Dio Interior una orden para expulsar a menores? Fiscalía cree que lo que se dio fue una “manipulación” evidente de un escrito enviado por la Secretaría de Estado. “No fue una orden”, ha dejado claro.

Pero es que, además, “ignoraron” que se debía cumplir el artículo 5 del acuerdo de 2007 entre España y Marruecos, tal y como se venía recogido en esa instrucción de haber sido una orden real. Se llevaron a los menores sin seguir ningún procedimiento ajustado a la norma existente.

Pero hay más. El Ministerio del Interior no era competente para dar esas directrices. “Nada puede justificar la omisión de las garantías fundamentales”, ha recordado la Fiscalía. No cabe, ha advertido Rojas, una obediencia debida a una orden que quebranta normas y garantías. Ante eso, solo se puede hacer una cosa, “desobedecerla”.

Para el Ministerio Público es evidente que nunca se ordenó por instancias superiores la deportación de los menores a Marruecos ni existió una directriz como tal por parte del Gobierno central, se incurrió en una interpretación equivocada de una información enviada por correo electrónico.

Participación de Deu, "evidente"

La participación de Deu y Mateos en la comisión de esa prevaricación “es evidente” para el Ministerio Público. Deu, mantiene la Fiscalía, asumió el control del operativo, adoptó la decisión del retorno de manera individual sin contar con el órgano colegiado que existe para asuntos relacionados con menores como es la Comisión de Asistencia a la Infancia que nunca se convocó.

Abordó de manera unipersonal el retorno de esos niños. Ha sostenido, también, que las listas fueron elaboradas de manera arbitraria por la propia exnúmero 2 del Gobierno, con menores que no estaban debidamente identificados, con nombres que no coindicen, por lo que ese registro no era fiable en absoluto.

Fiscalía se ha preguntado el criterio seguido para elegir menores para la expulsión, cómo se cribó o se tomó la decisión de quién entraba en esa lista o no. ¿Se atendió la vulnerabilidad de esos niños? Fiscalía mantiene que no, que solo se persiguió una expulsión rápida, atendiendo al criterio de la edad, incluyendo niños de 17 años por lo que podía presuponerse que no eran vulnerables.

En realidad, esos niños no fueron entrevistados, por lo que no se cumplió con la fase de evaluación obligada, sin saber si, por ejemplo, eran vulnerables. No hubo valoración colegiada, sino una decisión personal y única de la acusada, adoptada sin que los chicos hubieran sido escuchados. “Existió dolo ante una acción personal, consciente y al margen del procedimiento legal”, ha mantenido.

Fiscalía ha recalcado que Deu no escuchó las advertencias de la jefa de Menores, Antonia Palomo, quien, a su juicio, demostró “un compromiso con la legalidad”. “Es éticamente reprobable” que no hiciera caso a las consideraciones hechas por Palomo, quien le había indicado que debía acatar la Ley de Extranjería.

Acto preparatorio, la reunión en frontera

Fiscalía ha calificado esa reunión en la frontera antes de la devolución como un “acto preparatorio” para decidir cómo iba a ser ese operativo. Otro dato que viene a evidenciar ese dolo, esa intencionalidad de echar a los menores vía expulsión sin amparo legal.

Ha recordado Rojas que, en ese escenario, también la propia Palomo advirtió de que se iba a incurrir en una prevaricación y, lejos de ser atendida, se le apartó de esa toma de decisiones.

“Fue garante de los derechos de los menores, defensora del estado de derecho. Es una voz cualificada y, ante la misma, nadie decide pedir otra opinión, ni pedir asesoramiento ante lo que se advertía, que era que había que cumplir el ordenamiento jurídico”, ha valorado Rojas elogiando a la máxima autoridad en Menores.

Implicación de Mateos

De igual manera, para la Fiscalía también es responsable Mateos. Ambos cargos públicos incurrieron, a su juicio, en una acción conjunta, al margen de la legalidad. Mateos amparó esa devolución de los menores, contando con el respaldo de Deu.

Juntas “actuaron y juntas cooperaron” en la entrega de esos niños que fueron protagonistas de una devolución que nunca antes se había llevado a cabo de esta manera. Así lo ha considerado Rojas, quien, además, se ha mostrado sorprendida ante la postura de la exdelegada que no quiso responder a sus preguntas aun habiendo sido un cargo público.

La fiscal ha afeado no solo ese detalle, sino las declaraciones de testigos, como la prestada por el jefe de Gabinete, Juan Hernández, del que, ha dicho, incumplió sus funciones de manera flagrante, sin asesorar a la delegada y demostrando una clara falta de rigor profesional.

Nada se supo del destino de los menores hasta tiempo después que Marruecos, en una comunicación, informó que estaban con sus padres.

Conocimiento de la ilegalidad

Para la Fiscalía, ambas tenían pleno conocimiento de la ilegalidad de esa devolución y con su acción no velaron por el interés del menor.

Para la representante del Ministerio Público, resolvieron ese problema político con una ilegalidad, cosificando a los menores, sin concretar qué se pretendía proteger.

“Fue una acción ilegal e irresponsable porque se puso en peligro la vida e integridad de los menores”, al haber expulsado a esos niños sin un expediente previo.

“La urgencia no podía amparar la comisión de una ilegalidad”, ha recordado.

Acusaciones particulares

Los letrados de la Acusación Particular, de las oenegés L’Escola y Red Española de Inmigración, han pedido también condenas para ambas.

La primera ha calificado de “despropósito” lo que ocurrió, aludiendo a la “desidia con la que se llevó a cabo”, así como la ignorancia que se tuvo hacia la Fiscalía.

El segundo ha insistido en que “no hubo procedimiento en la entrega de menores a Marruecos que se ajustara a la legalidad” y ha mantenido que se incurrió en un delito de manera continuada que, de no haberse parado, hubiera terminado con la devolución de todos los menores.