En una vivienda algo deteriorada de Ceuta, Gema Alarcón lucha cada día por mantener a flote a su familia, una situación que se desvanece entre sus manos con el paso de los días.
Su marido tiene autismo y esquizofrenia, y sus dos hijos, de apenas tres y dos años, también han sido diagnosticados con trastorno del espectro autista. Ninguno de los dos progenitores puede trabajar y el alquiler, de 500 euros, lleva ya tres meses sin pagarse.
Vive pendiente de sus hijos a todas horas. El mayor, diagnosticado con un 75% de discapacidad, es autista no verbal y necesita logopedia y terapias de estimulación del lenguaje. La pequeña, de dos años, está empezando también el proceso de valoración.
Pero los recursos públicos en la ciudad son casi inexistentes: el niño lleva dos años en lista de espera para entrar en la Asociación de Autismo y, de momento, no hay sitio.
Mientras tanto, las terapias privadas resultan inalcanzables: cada sesión cuesta unos 200 euros al mes y su hijo necesita dos, lo que supone 400 euros mensuales solo para él, imposible de asumir sin ingresos.
“Donde vayas te cierran las puertas”, lamenta Gema. La falta de apoyo institucional y de profesionales en la ciudad hace que los padres tengan que viajar hasta Cádiz para que sus hijos reciban atención médica especializada.
El próximo mes tiene cita con la neuróloga infantil en la península, pero ella misma se pregunta cómo podrá costear el viaje. “Ni mi marido ni yo trabajamos, ¿cómo pago un traslado con dos niños pequeños?”, se pregunta.
Si bien es cierto que el Ingesa podría hacerse cargo del pago a posteriori, pero, ¿qué hacer cuando ni siquiera se tiene dinero para asumir el viaje? ¿Cómo pagar el trayecto de cuatro personas? Resulta realmente complicado cuando apenas se tiene ni para comer.
Su marido tampoco recibe la atención que necesita. Pese a los partes urgentes enviados desde su médico de cabecera, no logrará cita con neurología hasta 2026.
En casa, los brotes son recurrentes y la ambulancia acude con frecuencia, según cuenta Gema, apoyándose en partes médicos. La situación, lejos de mejorar, empeora con el paso de los días.
El techo bajo el que viven es precario. Ya han denunciado en otras ocasiones las malas condiciones de la vivienda, pero es lo único que han podido permitirse en una situación de alquiler insostenible. “Es una casa muy chiquitita y ya ves como está, pero a como están los precios, no tengo otra opción”, reconoce.
El problema es que ya acumula tres meses de deuda con la casera. Asuntos Sociales le ha derivado a la Asociación Cruz Blanca para recibir una ayuda puntual con un mes de alquiler, pero la realidad es que las cuentas no cuadran y la amenaza de desahucio está cada vez más cerca. “Yo entiendo a la casera, pero si me voy de aquí me quedo en la calle”, lamenta.
Su día a día consiste en estirar lo poco que recibe del banco de alimentos y en pedir ayuda a vecinos y conocidos.
“Sobrevivimos pidiendo favores, un potito, un cartón de leche…”, explica. El problema es que su hija pequeña apenas come nada de lo que reparten en el banco de alimentos.
Tiene hipersensibilidad a las texturas y solo come potitos, por lo que Gema depende de la solidaridad de otras personas para cubrir algo tan básico como su alimentación.
El cuidado constante de los pequeños, sumado a la enfermedad de su marido, hace inviable que pueda aceptar un trabajo fuera de casa. “Me dicen que hay una oportunidad en un bar, pero ¿cómo voy a ausentarme ocho o diez horas? Mis hijos no pueden quedarse solos y yo no tengo a nadie más”, confiesa.
Su hija de dos años no se separa de ella ni un minuto: la acompaña incluso a las gestiones administrativas porque no puede quedarse con nadie más. Así, cualquier posibilidad de ingreso por trabajo queda descartada.
La frustración de Gema no se dirige solo a la falta de recursos, sino también a la indiferencia institucional. Hace ocho meses, asegura, pidió una audiencia con el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Vivas, para contarle en persona la situación de su familia. A día de hoy, sigue esperando la llamada.
“Me lo encontré por la frontera y me dijo que fuera al Ayuntamiento, que me iba a atender. Pero nunca me recibió. Siempre me dicen que está de vacaciones o en una operación, y así van pasando los meses”, relata.
Lo que pide no es extraordinario: recursos básicos para que sus hijos tengan acceso a terapias, una atención médica más accesible para su marido y una vivienda digna que pueda pagar. “Que el presidente se acuerde de estas personas, que siguen siendo personas, aunque sean autistas”, reclama.
Cada día en la vida de esta familia es una lucha contra las citas médicas, la falta de ingresos, la presión de las deudas y la supervivencia por conseguir alimentos. “Estamos tirando gracias a la ayuda de los vecinos, porque la ciudad no tiene nada que ofrecer”, asegura.
El testimonio de Gema es un retrato de la precariedad en la que viven muchas familias en Ceuta, atrapadas en una lista de espera que parece interminable y con recursos públicos que no llegan.
“De verdad, la situación se hace insostenible”, repite Gema. Y aunque lo dice con resignación, sus palabras son también un grito de auxilio.
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