Se le
declaró en rebeldía, ni siquiera se presentó a la vista oral celebrada en marzo de este año en Ceuta, y ahora ha terminado absuelto al no quedar demostrada su vinculación con el delito de
falsedad documental por el que venía siendo acusado. Esta es la historia de R.M.C., uno de los escasos investigados que quedaba por juzgar tras la investigación desarrollada por la UCRIF del Cuerpo Nacional de Policía con la que se destapó la existencia de una
falsa empresa de
hostelería que simulaba contrataciones para estafar a la
Seguridad Social. Ni existía esa empresa, supuestamente
asentada en el Príncipe, ni tenía los empleados que confesaba mantener. En 2023 fueron
condenadas 7 personas, pero ahora el Juzgado de lo Penal número 2 dicta sentencia absolutoria para el penúltimo de los acusados que no había recibido aún resolución judicial. Esa auténtica trama tejida en torno al sector de la hostelería posibilitó que falsos empleados cobraran prestaciones por desempleo, incapacidad o adquirieran una antigüedad.
El delito improbable porque no se le acusaba
Aquí la línea que define el delito ha sido la clave. R.M.C. nunca fue acusado de fraude a la Seguridad Social por lo que era imposible una condena por ello, aunque hubiera claras sospechas de su comisión. Investigado, eso sí, por una falsedad documental, considera el juzgador que “media una duda razonable” para condenarle por ello ante la “imposibilidad de concretar el documento falsificado”. Únicamente queda probada la constitución de una sociedad ficticia que simulaba contratos de trabajadores dándoles de alta en la Seguridad Social. R.M.C. mantuvo una falsa relación laboral porque nunca trabajó para esa empresa ni mucho menos estuvo en Ceuta, pero sí quedó su rastro en la afiliación a la Seguridad Social.
Una unión laboral inexistente
Afincado en Valencia y ahora residente en el extranjero, en su vida laboral nunca quedó registrada su unión laboral con esta empresa fantasma ni se han constatado documentos que pudieran sustentar la comisión de una acción delictiva. La UCRIF del Cuerpo Nacional de Policía logró destapar junto con este caso otras tantas tramas irregulares que buscaban vivir del fraude para cobrar prestaciones o facilitar incluso beneficios a supuestos trabajadores que ni residen en la ciudad. En otros asuntos bajo investigación se constató que se hacían contratos falsos de trabajo para garantizar la residencia a extranjeros.