Falleció Maricarmen y hoy todo el mundo habla de ella; y cuando digo todo el mundo es todo el mundo: urbi et orbi.
Maricarmen pasó, sin comerlo ni beberlo, de ser una persona anónima a ocupar todas las portadas de los medios de comunicación.
El desahucio fue violento en su ejecución aunque cumpliera todas las normativas legales y se ajustara a derecho.
Cuando una persona vive 71 años en una casa y tiene 87, ponerla de patitas en la calle nos hace reflexionar sobre cómo funciona la sociedad, la política, las leyes, la justicia y el capitalismo sin rostro humano.
Hemos oído de todo sobre ella y ha sido juzgada en un contexto mediático que ha sobrepasado los límites.
De ella se ha dicho que jugaba al bingo, que tenía mucho dinero en el banco, que era una funcionaria y se podía haber comprado una vivienda, que pagaba un alquiler irrisorio para el piso y la zona, que las leyes franquistas protegían a Maricarmen y que esta buena señora tenía más cara que espalda.
El sindicato de inquilinas enarboló la causa e hizo de Maricarmen un símbolo del problema de la vivienda y la descarnada filosofía de los fondos buitre.
A partir del desahucio un reguero de acontecimientos han sido los protagonistas de la actualidad.
La caída de los dos decretos sobre la vivienda, elecciones generales, manifestaciones en todo el país, acampada en la Puerta del Sol y en cientos de ciudades, el ático de Ayuso, la utilización electoral de la derecha y la izquierda, la convocatoria de elecciones, el minuto de silencio por parte de la izquierda del ayuntamiento de Madrid y el no secundarlo por parte de la derecha.
Mientras los líderes hacen precampaña y se tapan las vergüenzas con la señora, todos aseguran que será el problema prioritario de esta legislatura.
Lo triste es la mentira repetida mil veces que tomamos como verdad.
Nunca se accederá a una vivienda con un sueldo de 1.200 euros o estando parado, los inquilinos pondrán sus tarifas según la oferta y la demanda, los fondos buitre serán cada vez más buitres y más fondos, los propietarios exigirán garantías imposibles para los arrendatarios
y el fraude de las viviendas de protección oficial estará al cabo de la calle si no se denuncia (alquileres de esas viviendas o personas que las adquieren sin tener derecho a ellas).
¿No podremos copiar lo que funciona en otros países?, ¿a qué estamos dispuestos para solucionar el problema como sociedad?
Convencer a bancos, constructores, inversores, ayuntamientos, comunidades autónomas y al gobierno es oficio de titanes.
La Constitución será una mera declaración de intenciones y el problema " Maricarmen" se multiplicará como los panes y los peces.
Hacer un censo de inquiokupas, de propietarios que no hacen contrato, de las condiciones en la que se encuentra una vivienda, de los límites de precio del arrendador y de convencerse de que el derecho a una vivienda digna tenemos que lucharlo siempre.
Entre la izquierda y la derecha tenemos la casa sin barrer.
Acabaremos como la Sagrada Familia: en un pesebre.
