Expulsiones contrarias a derecho

CEAR ha condenado las devoluciones de inmigrantes que puedan estar llevándose a cabo en Ceuta y Melilla, exigiendo el cese inmediato de estas prácticas ya que, advierte, suponen la vulneración de la normativa nacional e internacional vigente e impiden el  acceso al procedimiento de protección internacional a potenciales personas refugiadas. La queja de la oenegé se produce tras la denuncia, por parte de Prodein, de una grabación para denunciar la expulsión de inmigrantes a través del vallado de Melilla. “Este no es un caso aislado, varios informes de instituciones nacionales e internacionales y de organizaciones así como diversos medios de comunicación han denunciado en reiteradas ocasiones la existencia de estas prácticas en las fronteras de Ceuta y Melilla así como las devoluciones a Marruecos, donde no se garantiza la protección de los derechos humanos de estas personas. Estas prácticas suponen una clara vulneración de la normativa española de extranjería y asilo y  de la normativa europea e internacional que obliga a las autoridades españolas a garantizar el respeto al principio de no devolución, a  facilitar el acceso al procedimiento de protección internacional y a informar a los inmigrantes de su derecho a tener acceso a un abogado, a un intérprete y a la tutela judicial efectiva”, critica CEAR. A todo esto se suma el hecho de que las dos ciudades se han convertido en “cárceles” en las que se niega el acceso a la península a solicitantes de protección internacional, lo que está provocando que personas que solicitaron asilo renuncien a su solicitud y que algunas pongan en riesgo su vida intentando llegar hasta la península. “Todo ello  representa un retroceso sin precedentes en el régimen de protección internacional en España”, critica.
CEAR reitera “el íntegro respeto a la normativa nacional e internacional vigente así como la revisión de la política española de expulsiones y devoluciones hacia el estado marroquí, especialmente desde la entrada en vigor el pasado año 2012 del Convenio bilateral de readmisión”, denuncia. “Resulta relevante”, añade, “que el ministro del Interior haya reconocido la existencia de casos puntuales de vulneración de la legalidad vigente en las devoluciones de personas extranjeras hacia Marruecos desde Ceuta y Melilla. Entendemos que un reconocimiento de tales características debe conllevar la depuración de las responsabilidades que pudieran derivarse.