El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Ceuta, que el viernes pasadas las diez de la noche ordenó la entrada en prisión provisional sin fianza de Javier Guerrero por la comisión de un presunto delito de abusos sexuales sobre varios menores extranjeros no acompañados, lo hizo ponderando la probabilidad de que el investigado durante meses por la Guardia Civil pudiera, si quedaba en libertad, estar no disponible para la Justicia por existencia de riesgo de fuga, como consideró la Fiscalía al tratarse de una acusación de la que se derivan penas muy graves.
De igual forma se valoró la posible reiteración del delito así como el abuso de superioridad y la influencia que el médico ejercía sobre los menores, con la consiguiente posibilidad de influir además en los medios de prueba conseguidos y en los testimonios de testigos logrados.
Según la información recabada por este periódico, las pesquisas realizadas por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Benemérita apuntan a que el político y doctor pudo cometer abusos sexuales reiterados en el tiempo sobre varios menores, centrándose todos ellos en tocamientos y sin existencia probada ni de violencia ni intimidación.
No se descarta, entre otros delitos, que también se le pueda atribuir uno de corrupción de menores siempre si se constata que lograba consumar tocamientos a cambio de dinero, regalos u otras contraprestaciones.
En el auto dictado para ordenar su encarcelamiento ha pesado la posibilidad no solo de que Guerrero intentase eludir la acción de la Justicia o eliminar posibles pruebas, como supuestamente pretendió lograr al menos durante el registro de dependencias del Hospital Universitario. No solamente se quiere proteger la conservación de elementos documentales, sino también que pudieran producirse coacciones a posibles víctimas o testigos.
Alrededor de media docena de menores prestaron declaración durante la tarde del viernes, a lo largo de la segunda puesta a disposición judicial del líder de Ceuta Avanza, en presencia del propio Guerrero y su abogado, para configurar sus testificales como pruebas preconstituidas y evitar tener que repetirlas en una posible vista oral.
El Instituto Armado lleva más de medio año investigando a Guerrero, que fue denunciado por primera vez ante la Fiscalía por el Servicio de Protección a la Infancia de la Ciudad en marzo de 2022. Dos meses antes, a finales de enero del año pasado, el Área de Menores de la administración autonómica ya había recopilado múltiples indicios e indicadores de riesgo sobre comportamientos impropios del exconsejero de Sanidad.
La investigación apunta que el doctor, que empezó a frecuentar los centros de acogida de niños migrantes solos tras la crisis de mayo de 2021 aprovechando el caos generado por la avalancha y que toda ayuda era bienvenida, utilizaba esas visitas y atenciones para entablar contactos con menores a los que posteriormente daba o intentaba continuidad fuera, tanto en Ceuta como en otros puntos del país.
De hecho, el empeño de Guerrero en encontrarse en la península al margen de sus guardadores legales (que se bendijese solamente en su presencia le hizo sublevarse) con menores a los que había conocido en Ceuta fue otro de los elementos que hizo saltar alarmas alrededor de su proceder. La Ciudad siguió denunciando repetidas veces que supuestamente persistía en recibir en sus consultas pública y privada a niños sin compañía, así como en hacerles regalos (ropa, móviles, dinero en efectivo...) sin conocimiento de los responsables de su tutela, algo que hasta el Ingesa le prohibió expresamente y por escrito.
Este es un caso pionero a nivel nacional en relación con la posible existencia de un caso de abusos sexuales a menores denunciado por la entidad pública encargada de su protección y no por las propias víctimas en primera instancia. A expensas del resultado final de la causa, analistas externos valoran como “un éxito de nuestro sistema democrático” el hecho de que “el Servicio de Protección a la Infancia detectase y reaccionase ante una posible violentación sexual de niños; que la Fiscalía fuese permeable y sensible a la existencia de indicios que todavía no se podían considerar pruebas; que la Guardia Civil realizase una larga y compleja investigación; y que la Justicia garantice el respeto a todos los derechos del investigado”.
La defensa pública de Guerrero se ha limitado hasta ahora precisamente a cuestionar la credibilidad tanto del Área de Menores como de la Benemérita, la Fiscalía y el juez, a quienes ha intentado presentar como marionetas de los partidos políticos (PSOE y PP) que de acuerdo con su teoría pretenden sacarlo de la carrera electoral de mayo, en la que a ojos socialistas sería un buen aliado para fragmentar el voto de derechas.
El entorno del doctor ha querido igualmente ligar su arresto el miércoles tras meses de investigación como la respuesta a una noticia publicada horas antes.
La investigación que fue encomendada a la Guardia Civil ha sido considerada en ámbitos judiciales como “magnífica” y “profesional” por cuanto han estado trabajando durante más de siete meses en un entorno complicado al objeto de obtener pruebas más allá de unas declaraciones de los propios menores. Fue una investigación complicada sobre todo por ser quien era el investigado y las influencias que tiene. Durante todo este tiempo hubo seguimientos, fotografías, intervenciones, control con sistemas de localización... un grueso de actuaciones que han venido a sumarse a las declaraciones recogidas de los menores. Esta es una clave importante que viene a significar el trabajo que ha realizado la Policía Judicial y que evidencia la investigación lograda al margen de las meras testificales. En este asunto hay más que unas manifestaciones, hay seguimientos, controles y recopilación de pruebas de las que no se conoce todo. Y es que queda por saber qué se ha podido obtener en los registros llevados a cabo tanto en la vivienda particular como en los lugares de trabajo y analizar los distintos elementos que pueden hallarse en ordenadores y móviles.
Nunca antes se había producido una actuación de la Guardia Civil en la que se hubiera protegido la imagen de Guerrero de esta forma. Tal es así que hubo especial interés en sortear a los medios, incluso fingiendo que el detenido iba en un coche sin, realmente, estar.
Fiscalía es informada de una serie de hechos que pudieran ser constitutivos de delito y comunica al juzgado. De ahí se deriva la investigación de la Guardia Civil que se extiende durante más de 7 meses. Durante todo este tiempo está en secreto de sumario y es trabajada por un grupo muy reducido de agentes de la Policía Judicial.
La Guardia Civil va comunicando al juzgado todo lo que lleva a cabo, así además de las denuncias o declaraciones de menores se avanza en la investigación haciéndose seguimientos y recabando amplio material que es comunicado al juzgado que lleva la instrucción, el número 3.
Se concreta la fecha de la intervención y se fija este pasado miércoles para proceder al arresto y posteriores registros. Se realizan vaciados de ordenadores además de intervenirse teléfonos, tomándose especial precaución en que no se produjera ninguna destrucción de pruebas o pérdida de información que pueda ser de interés para la investigación. Ahora toca analizar el material que se ha intervenido.
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